Río Negro va a la justicia por la Coparticipación Federal
La administración provincial integra un reclamo conjunto de 11 provincias. También presentará una demanda individual.
Coparticipación
Por Adrián Pecollo adrianpecollo@rionegro.com.ar
Los gobiernos de Río Negro y Neuquén -conjuntamente con otras 11 provincias- recurrieron a la Justicia por la suspendida restitución del 15% de la coparticipación federal.
Además de esta acción grupal, la administración de Alberto Weretilneck formalizaría una demanda individual, ratificando su determinación política en la recuperación de parte de su coparticipación.
El 15% en debate -que se destinaba a la ANSES- fue restituido por la ex presidenta Cristina Fernández con un decreto-ley de los últimos días de su mandato después de un fallo de la Corte Suprema favorable para tres provincias. Esta reposición fue suspendida por el nuevo mandatario nacional, Mauricio Macri, valiéndose de un amparo judicial que suspendía la aplicación de aquel DNU.
La incidencia de ese reintegro es importante. Para Río Negro rondaría de 1.800 a 1.900 millones anuales y la recuperación operó durante algunos días de diciembre.
La acción de las provincias está focalizada contra la cautelar de la jueza federal, Liliana Heiland que suspendió la aplicación de la normativa de la ex mandataria.
Puntualmente, el escrito -que se presentó el martes- pide la incompetencia de la jueza y la intervención de la Corte Suprema.
El recurso están impulsada por Río Negro, Neuquén, Formosa, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, Chaco y Tierra del Fuego.
El gobierno rionegrino de Alberto Weretilneck adhirió a la presentación conjunta pero, además, estaría formalizando una demanda individual también con el objetivo de recuperar el 15% de la coparticipación federal.
Inicialmente, las provincias solicitan a la magistrada que se declare incompetente y remita el expediente a la Corte Suprema para revocar la suspensión del decreto de restitución ya que la cautelar afecta “en modo directo, inmediato y exclusivo los intereses patrimoniales” de 20 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que “no promovieron demandas contra el Estado Nacional” por la prórroga de la retención del 15% de la masa de impuestos coparticipables.
Frente a la “controversia” fijada por las provincias se “configura automáticamente un supuesto de competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema”. Concluye que “no se puede considerar competente el fuero federal de primera instancia con asiento en la Ciudad de Buenos Aires”, considerando que el decreto en controversia “compromete, perturba y desconoce el destino de fondos públicos coparticipables”
En otra parte, la demanda cuestiona argumentos del amparo de la jueza, como que el decreto-ley constituía la “existencia o inminencia de un perjuicio irreparable y el correlativo peligro en la demora para tutelar su evitación o agravamiento”. El escrito provincial afirma que “informes económico – presupuestarios oficiales, o al menos serios, que permitan especular” que el cese de las retenciones comprometa “las finanzas del ANSeS” y se “comprometa el pago de los beneficios previsionales”. Además, recuerda que el decreto-ley prevé “el mecanismo para garantizar el sistema previsional”.
En otra parte, el recurso defiende el DNU ya que “lo ilegítimo hubiera sido” que la Nación “hubiera mantenido la aplicación de la detracción del 15%” para las provincias que no demandaron y no presentan un fallo favorable de la Corte”. Esa situación -agrega- “hubiera significado una afrenta contra la clara definición que sobre el tema estableció esta Corte generando una intolerable desigualdad entre la situación de las provincias alcanzadas por tales fallos” (Santa Fe, San Luis y Córdoba).
La presentación también insiste que el “fallo” de la jueza “es cuando menos deficiente, carece de fundamentos, no analiza ninguno de los extremos, plantea el supuesto daño a los ocurrentes, dispone una cautelar” que “priva a las provincias de ingresos indispensables para su funcionamiento”.
DeViedma
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