Madres de Plaza de Mayo y más de 50 organizaciones sumaron su repudio

Señalan que el gobierno provincial fue responsable del repliegue del numeroso operativo.

El violento operativo de gendarmería, que tenía como objetivo liberar el espacio administrativo de la sede Alto Valle del vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro tomado hace ya casi tres meses, generó repercusiones y fundamentalmente un fuerte repudio por parte de más de 50 organizaciones, movimientos sociales, gremios y sindicatos de todas la provincia.

Responsabilizamos al rector Juan Carlos del Bello que impunemente abrió las puertas con su denuncia a la criminalización de la protesta como también a que ingrese la Gendarmería a una Universidad Pública”, menciona el comunicado de prensa.

La Asociación de Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle, la Corriente de militantes por los derechos humanos, el Grupo por la Memoria y el compromiso con las Madres y los 30 mil y el Observatorio de Derechos Humanos de Fiske Menuco, fueron algunos de los sectores que manifestaron su rechazo a la violencia ejecutada por decenas de gendarmes, en operativo de ayer.

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El cumplimiento de la orden judicial de desalojo, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, fue considerado un “avasallamiento sin límites a las mínimas libertades democraticas”, donde responsabilizaron directamente a los funcionarios universitarios y judiciales. Además señalaron que el gobernador Alberto Weretilneck cumplió un rol importante a la hora del despliegue del impactante operativo.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) del Alto Valle, la Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Alto Valle (ATE), el Sindicato ceramista, Gremios Docente, SITRAJUR, Mesa coordinadora del pueblo mapuche, SEPURN, CCC y otras organizaciones sociales y colectivas feministas de la región se sumaron al repudio.

También la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa rechazó fervientemente el accionar de las fuerzas y denunció que en el desarrollo del operativo “golpearon a periodistas y camarógrafos para evitar que se registre las imágenes”.

Finalmente solicitaron el cese de la persecución judicial a los estudiantes y docentes involucradas en el conflicto desde hace ya 90 días.

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Tomas UNRN

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