Rosatti aseguró que se estudiarán las causas caídas

BUENOS AIRES (DyN).- El ministro de Justicia, Ricardo Rosatti, advirtió ayer que es «constitucional» la reforma penal y prometió que se van a investigar las causas que se caigan por el acortamiento de los proceso judiciales que implica los cambios aprobados por el congreso.

«La constitucionalidad está fuera de discusión», manifestó el funcionario en declaraciones a Radio América, y defendió las modificaciones porque «hay que saber cuánto va a durar un proceso penal para saber a qué atenernos».

De todos modos, el ministro indicó que con la puesta en marcha de la ley que modificó aspectos centrales del Códig Penal, se va a analizar «en cada caso concreto, si una causa se cae la responsabilidades» del juez que intervino en el proceso.

Rosatti indicó que se instruyó a la Oficina Anticorrupción para que insten a «todos los fiscales y jueces para que los procesos se activen», debido a la posibilidad de que investigaciones de alto contenido político, vinculadas algunas a posibles hechos de corrupción, se frenen por la aplicación de la nueva normativa.

«Si la Oficina Anticorrupción advierte que la causa ha prescripto y se advierte una cuestión de negligencia del juez interviniente, vamos a instruir a nuestro representante en el Consejo de la Magistratura para que se inicie el proceso pertinente y se analice las responsabilidades», adelantó.

«En materia penal, donde está en juego la vida y la libertad de las personas», debe «existir un criterio determinado» para establecer cuándo prescribe una causa. «No se puede mantener el juicio y un proceso abierto para siempre. Desde un punto de vista técnico, todo lo que sea precisió es un criterio muy importante», consideró el funcionario.

Por otra parte, Rosatti se refirió al motín producido en Córdoba y admitió que existen falencias en el sistema carcelario, mientras el intendente de la ciudad de Córdoba, Luis Juez, exhortó al gobernador provincial José Manuel de la Sota a «ponerse las pilas» para poner fin a la crisis penitenciaria que derivó en un motín con ocho muertos.

Juez reclamó ayer al gobernador cordobés una solución al «problema grave» de la «superpoblación carcelaria» en la provincia.

Rosatti, en tanto, reconoció la existencia de falencias en los sistemas carcelarios provinciales y federal y prometió soluciones para dentro de dos años.

La situación en la cárcel del barrio San Martín de Córdoba capital, escenario de un amotinamiento que se inició el jueves y culminó al día siguiente, estaba «controlada» aunque seguían las reyertas y discusiones menores entre reclusos, según informó el Servicio Penitenciario provincial.

Y el ministro, en declaraciones a Radio América, reconoció que «la realidad carcelaria de la Argentina no dista de la que existe en el resto de Latinoamérica», por lo que hay «mucho para trabajar» en los próximos años.