Ruta 22: Soria firma un amparo

El intendente de Roca, Carlos Soria, una empresaria y dos vecinos más presentaron un recurso de amparo para que se suspenda la ampliación de la Ruta 22 entre Chichinales y Godoy hasta tanto puedan conocer en detalle el proyecto que se ejecuta.

El objetivo es anticiparse a posibles perjuicios para personas e inmuebles linderos a la ruta, a la altura del paraje Otto Krausse.

Sin embargo, el juez civil Richar Gallego se declaró ayer incompetente y derivó las actuaciones a la Justicia Federal, por tratarse una obra dependiente de Nación.

Después de conocer esta decisión los impulsores del amparo buscaron otra vía para obtener resultados y enviaron una carta documento a Vialidad Nacional, reclamando respuestas urgentes.

La acción judicial fue iniciada el lunes por Soria, Cristina Coletti, Samuel Sepúlveda y Hugo Florentino Hernández. Si bien no reside ni tiene propiedades en la zona donde se desarrollan los trabajos, el intendente de Roca acompañó la presentación en calidad de «vecino y usuario» de la Ruta 22.

Como primera cuestión, en el escrito manifestaron que «de ninguna manera la acción tiende a paralizar, rechazar o simplemente demorar la obra en cuestión», sino que «el objetivo fundamental es garantizar la seguridad vial y las de las personas que viviendo al norte de la Ruta 22 deban en ese lugar atravesarla para desarrollar sus tareas laborales o concurrir a la escuela 260».

Soria destacó a «Río Negro» que «sin conocer el proyecto no sabemos si habrá riesgos para chicos y trabajadores. En esa zona a diario tiene que ir la policía a dirigir el tránsito por la escuela y nos imaginamos lo que puede ser con cuatro carriles». Por eso insistió en que «sólo queremos saber si se puede correr criteriosamente la traza» entre los kilómetros 1.118 y 1.123.

El amparo también manifiesta que en la propiedad de Coletti se realiza una explotación de tipo orgánico y por ende requiere que se le informe si se han adoptado las medidas para mitigar el riesgo ambiental, «dado que se deben preservar los árboles que están en la zona «buffer» entre los límites de la finca y la ruta».

Como dato adicional sumaron que la firma adjudicataria. Vial Agro, estaría por realizar una importante tala de árboles añejos.

Sin embargo, esos argumentos no fueron suficientes. Tras analizar el proceso de licitación y, basado en jurisprudencia del STJ, Gallego se declaró incompetente. Ahora deberá aguardarse por el destino de la causa en la Justicia Federal. (Redacción Central)