Saiz tendrá un bloque sin fisuras por Catedral

La Legislatura rionegrina sesionará el próximo miércoles o jueves para ratificar el contrato de la concesión plena del Cerro Catedral en favor de Alta Patagonia (CAPSA).

El gobernador, Miguel Saiz, elevó ayer el convenio firmado con la firma y convocó a extraordinarias para su tratamiento, previéndose que la sesión se concretará a mediados de la semana que viene.

En principio, el mandatario logró anoche el respaldo unánime del bloque oficialista y así garantizó la ratificación legislativa al contrato. Ese apoyo se advirtió después del encuentro que mantuvo en la bancada radical. Saiz llegó acompañado por los ministros Pablo Verani (Hacienda), Iván Lázzeri (Gobierno) y César Barbeito (Coordinación), además del fiscal de Estado, Alberto Carosio. También participó el vicegobernador, Mario De Rege.

Al ingresar el encuentro, el mandatario confirmó que ayer remitió el contrato a la Legislatura. Queda por definir aún la fecha de la sesión, aunque estimó que la convocatoria será el miércoles o jueves próximo. Admitió que el contrato será discutido en el recinto porque conforma «más de 70 paginas» y «hay temas para debatir».

«¿Es el mal menor?», fue una consulta periodística cuando ingresó a la sede del bloque radical.

«Es el único posible. La única salida jurídica posible. No es una cuestión política, sino absolutamente jurídica», respondió.

Este argumento es central en sus análisis de la concesión total del cerro a CAPSA. Anoche Saiz insistió en la idea de que no existía otro camino jurídico porque no permitir al concesionario explotar también la ladera Sur, como se prevé en el actual contrato, representaría avanzar en rescindir la concesión de la ladera Norte, que ya tiene esa firma privada. El gobernador reiteró que esa revisión implicaría un alto riesgo jurídico.

En el mismo sentido se expresó ayer el fiscal Carosio, quien advirtió que «teniendo en cuenta las dos medidas judiciales cautelares que favorecieron los planteos de la empresa ante los reclamo por los incumplimientos, en caso de no firmar una readecuación contractual corríamos el riesgo de sufrir acciones legales que perjudicarían los intereses de los rionegrinos en el Cerro».

Respecto de las objeciones por haber acordado con un empresa en concurso de acreedores, el fiscal de Estado explicó que «de acuerdo al nuevo marco legal nacional, que suscribieron muchas provincias, el Estado Nacional está autorizado a contratar con empresas concursadas».

En el encuentro con los diputados habrían existido algunas observaciones por parte de los legisladores, pero al final quedó en claro que Saiz dispondrá del alineamiento total de todo el bloque en la ratificación del contrato que otorga a CAPSA la concesión total del cerro Catedral hasta julio de 2026.

Simultáneamente, el debate que parece más complejo tiene que ver con la municipalización del cerro. Por ahora Saiz remitirá un proyecto de ley para crear una comisión especial destinada a la cesión al Estado municipal del cerro. Según se advierte, el gobernador no tendría objeciones -incluso fue un compromiso en la campaña electoral- pero algunos diputados habrían adelantado los riesgos para la provincia de una transferencia de semejante calibre.

La formalidad de esa transferencia al municipio quedó sellada inicialmente en un encuentro que el lunes concretaron el gobernador, el intendente Alberto Icare, el presidente del bloque, Bautista Mendioroz, como también, los diputados Ricardo Spoturno, Noemi Sosa y Hugo Castañón. (AV)

Recrear advierte poca claridad

CIPOLLETTI (AC) – Recrear de Río Negro criticó, por poco transparente, la ampliación en la concesión del cerro Catedral. Consideró que la metodología del actual gobierno es la misma que implementó la gestión anterior en casos como los de Lotería, Turbine Power y Feclir.

«La trascendencia económica que tiene la explotación del cerro Catedral requieren procedimientos de contratación transparentes que aseguren la selección de operadores con solvencia», opinaron Agustín Argibay y Jorge Gómez. Por ello, consideraron que la mejor alternativa era adjudicar, mediante licitación, una ladera del cerro a un operador nacional y la otra, a uno internacional, bajo un marco regulatorio eficiente.

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