Saiz y la obra pública

El Estado no hace lo que debe, y hace cosas para las que no está facultado.



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DE DOMINGO A domingo

Es extraña la relación que el radicalismo rionegrino en el gobierno tiene con la obra pública. Sobre todo con aquella referida a la prestación de servicios esenciales como son salud y educación. Durante años, ha consolidado una estrategia económico-política consistente en contratar para la reparación de escuelas y edificios públicos a empresas de amigos, con escasa solvencia comercial y técnica, a través de dudosas licitaciones. Los resultados están a la vista, en la acumulación de obras inconclusas o mal realizadas, repetidas o vueltas a pagar. Para el Estado, han resultado ruinosas por la repetición de erogaciones. Para los usuarios, una fuente inagotable de insatisfacción. Y los beneficios para el gobierno, si es que los tuvo en rédito político o de otra naturaleza, es seguro que se han visto diluidos en la medida en que los anuncios e inauguraciones han dado lugar a la frustración y el enojo. Es fácil advertir esto al analizar expresiones de la comunidad educativa, un sector –bien activo por cierto– de la opinión pública. En la Justicia, estas maniobras no han tenido mucho eco. Salvo el procesamiento de un par de funcionarios y constructores, la mayoría de los casos no ha pasado de quejas de los padres y escándalo pasajero en los medios. El CEM 43 de Roca es un ejemplo de lo que no debe hacerse, ya que allí se asignaron tareas de gas a personas no aptas, lo que derivó en demoras en la habilitación, imposibilidad de dictar clases, malestar, trámites… Las cosas deberán pagarse otra vez y la imagen de los funcionarios pagó su costo. Lo bueno fue que alumnos, padres y docentes unieron sus quejas y las hicieron visibles. El gobierno envió a un policía a sacar fotos a los manifestantes, lo que generó más costos políticos. También se notó organización y unidad en el planteo de los padres de alumnos de las escuelas de Cipolletti números 53, 111, 258, 294, la especial 24 y el CET 22, que reclamaron en conjunto. Y en los planteos realizados por la comunidad educativa de Catriel. Por alguna razón difícil de comprender, el gobierno no sólo no capitaliza estas penosas experiencias para corregir errores, sino que insiste en estrategias aún más precarias desde la formalidad que exige toda contratación del Estado. Ya se ha hablado acerca del programa para contratar en forma directa 260 reparaciones escolares en la provincia, eludiendo la exigencia legal de la licitación pública al invocar como urgencia lo que es negligencia, imprevisión y deseo de eludir controles. En un Estado que no deja de incrementar su planta laboral estable, integrada por cantidad de profesionales y técnicos de la construcción, sin duda sobrarían recursos humanos y técnicos para reparar escuelas y comisarías por administración. Esto generaría ahorros notables y contribuiría a dinamizar sectores de la administración pública virtualmente inactivos desde que se tercerizan los trabajos más nimios. En otras áreas del Estado, la tramitación de obras públicas transita por caminos igualmente faltos de lógica. En materia habitacional, el Estado tiene dos estructuras –IPPV y Viviendas Rionegrinas–, pero ha reducido su actividad manteniendo la estructura de costos fijos y personal. Si se tratara de empresas privadas, hubieran quebrado. Los créditos de provisión de materiales que ofrece ahora Viviendas Rionegrinas no son baratos ni su financiación muy conveniente, lo que desalienta a recurrir a ellos ante la existencia de mejores alternativas en los comercios comunes. Y la delegación de funciones del IPPV hacia entidades intermedias depende en sus resultados del empeño y la transparencia que éstas pongan en la labor. No resulta evidente ventaja alguna de este método. Aunque sí se han visto sus inconvenientes en casos controversiales que han dado lugar a varias causas penales. No obstante, la sorpresa en cuanto a modos de contratación de obra pública ha sido el anuncio de que el largamente prometido Hospital Pediátrico de General Roca será solventado por la minera Vale. El titular de Obras Públicas, Osvaldo Mildenberger, confirmó que el gobierno y la empresa acordaron que la provincia licite y financie ahora la obra, y que Vale irá entregando el dinero –$60 millones– mientras avance su propio emprendimiento de extracción y transporte de potasio desde el sur de Mendoza hacia Bahía Blanca. La frase textual fue: “La plata la pone la provincia pero después ellos irán devolviendo”. Lo asombroso es que este tipo de vínculo entre un privado y una obra pública no existe en ningún tratado de Derecho Administrativo. Tampoco está previsto en ninguna ley. Y los interrogantes que genera son varios: € Sólo puede devolverse aquello que se debe. Y Vale no le debe nada a la provincia, al menos no dinero. € La provincia debe evaluar si autoriza o no que se construya el tren que llevaría el potasio de Vale a través del departamento de General Roca hasta la vía de Ferrosur, en Chichinales. Y esto depende del estudio de impacto ambiental que pocos conocen y de la audiencia pública que debía realizarse en diciembre y fue postergada sin fecha. € El ministro Accatino señaló que “se estudia la factibilidad de ejecutar a través del Programa de Restauración y Compensación Ambiental una parte del proyecto del hospital de Pediatría de Roca”. Esto implicaría reconocer que habrá un daño, aun antes de que la audiencia pública se realice y sin decir cuál es, pese a la obligación legal de información que incluye la legislación ambiental. € Si Vale pagará un hospital público, podría tomarse tal acto como una donación. € Pero sólo pueden donarse bienes presentes del donante, por lo cual más parece tratarse de una promesa de donación. € Si esa promesa de donación está condicionada a que la provincia apruebe el proyecto de ferrocarril, podría ser considerada una donación con cargo, es decir generadora de una obligación. € Tal obligación estatal podría significar una presión indebida, capaz de condicionar la voluntad del gobierno –interesado en un año electoral en mostrar obras– en contra del interés del Estado referido a que los permisos para obras que pueden afectar el ambiente sean otorgados pensando sólo en el interés público y en la ley. € En una donación, la forma –entendida como formalidad– es esencial para su validez. La donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública y ser aceptada por la misma escritura, salvo ausencia. Ya está licitada la obra, pero nadie ha visto la escritura que dé forma al supuesto acuerdo con Vale para el pago. Las normas que rigen la gestión de los bienes públicos exigen que las donaciones al Estado sean aceptadas expresamente y, si tienen condición o cargo, por ley. Además, se exige examinar quién es el donante y su vinculación con los intereses públicos. Por principio, el Estado no necesita de ayuda de los administrados para cumplir con su finalidad. Cuenta con la facultad de cobrar impuestos o tomar empréstitos para solventar sus gastos. Si bien no le está vedado recibir donaciones, no es lícito que las reciba de quien tiene un interés distinto de la sola liberalidad.

ALICIA MILLER amiller@rionegro.como.ar


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