Salió en Diputados el proyecto de ley del arrepentido 

Baja las penas a quienes den pistas de los atentados. El PJ y la Alianza lo aprobaron en general.



Diputados aprobó ayer el proyecto de ley del arrepentido, que habilita a los jueces a bajar penas de los imputados que ayuden a resolver atentados terroristas.

La iniciativa lleva la impronta de la impotencia que sufre la Justicia frente a las investigaciones por la voladura de la sede de la AMIA y el ataque a la embajada de Israel.

Tanto el oficialismo como la oposición votaron juntos en general el proyecto de arrepentido, aunque luego hubo diferencias en el tratamiento en particular de cada artículo.

En un giro inédito, el justicialismo pidió que se mantuviera el texto original del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, mientras que el bloque de la Alianza defendió y aprobó las modificaciones incluidas por sus diputados durante el trabajo en comisión.

El gesto mostró un mensaje de independencia desde la Cámara hacia el Ejecutivo.

Sobre los cambios incluidos por el oficialismo, el PJ se quejó porque la Alianza eliminó del proyecto la posibilidad de beneficiar a los arrepentidos con una eximición total de su pena, tal como quería el gobierno.

Los legisladores de la UCR y el Frepaso sólo permitieron que quienes ayuden a esclarecer atentados terroristas tengan una “reducción al mínimo” de la condena. En ese sentido, el justicialista Miguel Pichetto advirtió que la permanencia de los arrepentidos en prisión “hasta parece peligrosa”. “La cárcel no es un lugar seguro, menos para el informante”, subrayó.

Pero los diputados de la Alianza buscaron mostrar coherencia con sus posturas de años anteriores, cuando rechazaron un proyecto de arrepentido del gobierno de Menem que era mucho más abarcativo e incluía, por ejemplo, a los delitos de narcotráfico. Por tal motivo, el bloque oficialista eliminó la eximición de la pena y acotó la definición de organizaciones terroristas.

En contraste con el acuerdo general en torno al proyecto, un pequeño grupo de legisladores integrado por los aliancistas Elisa Carrió y Alfredo Bravo, y el justicialista Bernardo Quinzio, se manifestaron en contra. Carrió, si bien consideró el proyecto como la mejor versión de las discutidas en el Congreso, rechazó que los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel continuarán sin condena por la falta de la ley del arrepentido.

La mayor defensa del proyecto corrió por cuenta del aliancista Melchor Cruchaga, quien la consideró “una herramienta necesaria para encontrar a los culpables” de los atentados terroristas que sorprendieron a la Argentina en la década pasada.

El diputado negó que el proyecto permita al Estado “tranzar con el delincuente” y recordó que, para beneficiarse con al reducción de la pena, “tiene que haber un aporte eficaz de los que dirigen, los que propagan y los autores” de los atentados.

La Alianza aceptó, en el tramo final del debate, que la protección policial para los arrepentidos incluyera también a sus familias.

Con la aprobación de la Ley del arrepentido podrían ser varios los aspectos relacionados con los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA a reactivarse en el marco de las investigaciones que llevan adelante la Corte y el juez federal Juan José Galeano respectivamente..

Tal como “Río Negro” constató en su reciente investigación, quedan pendientes de esclarecer la clase de explosivo utilizado en la Embajada y cómo llegó al país. Y qué hacía en Buenos Aires el día del atentado a la AMIA un sobrino del presidente sirio Haffez Al Assad. También de dónde procedía el dinero con el que se compró la F-100 utilizada para volar el edificio. (DyN y AR)

Los puntos salientes

• La figura sólo podrá usarse para investigar actos terroristas.

• La persona que colabore en la investigación podrá beneficiarse con la aplicación de la pena de la tentativa o a la mitad de la que le correspondiera.

• El arrepentido deberá ayudar a investigar hechos o personas en los que los delitos cometidos sean de mayor gravedad que aquellos de los cuales él fuera responsable.

• En casos especiales, cuando sus informes hayan tenido importancia decisoria para esclarecer hechos, se le podrá aplicar una pena mínima, casi equivalente a la eximición total.

• La reducción de penas deberá ser decidida por el tribunal al dictar la sentencia pero, con acuerdo del ministerio público fiscal, se podrá suspender la acción penal.

• Se aplicarán penas adicionales a aquellos arrepentidos que entreguen a la justicia informaciones falsas.

• Habrá mecanismos de protección al arrepentido y familiares, entre ellas sustitución de identidad y recursos de subsistencia. 


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