San Martín: van a la Justicia por amenazas contra dirigentes

SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM).- El Deliberante envió a la justicia una denuncia formulada por organizaciones populares, que da cuenta de frecuentes amenazas contra dirigentes de esas entidades, atribuidas a funcionarios, «punteros y nuevos integrantes de la juventud del MPN».

La presentación se realizó primero en el marco de la llamada Mesa de Diálogo Social, que reúne a integrantes del Legislativo y Ejecutivo municipales, y a los representantes de organizaciones sociales, ciudadanas y sindicales.

La advertencia fue de inmediato asumida con preocupación por los ediles de esta ciudad, al punto que los cuatro bloques solicitaron a la presidencia del Deliberante que se inicie una profunda investigación, «toda vez que la denuncia generalizada involucra a todos los funcionarios del gobierno municipal».

Los ediles repudiaron cualquier acto de violencia, y reclamaron a los denunciantes la identificación de los supuestos autores de los actos de hostigamiento y las pruebas correspondientes en tales casos.

Los concejales también concurrieron a la justicia con copia del escrito presentado por los denunciantes, para que realice las investigaciones correspondientes.

En la nota elevada al cuerpo por representantes de organizaciones como «Ciudadanos en la plaza», ATE, y presidentes de distintas juntas vecinales, se señala la «profunda preocupación» por el «enrarecido clima al que se ha llegado en los últimos días».

La presentación sostiene que «de manera sistemática, dirigentes populares han sido amenazados de distintos modos, ya sea con armas, promesa de destrucción de bienes, de agresión física o de ser desplazados de los puestos para los que han sido electos».

«En todos los casos», agrega, la agesión proviene de funcionarios, «punteros y nuevos integrantes de la juventud del MPN».

Del mismo modo, advierte que «no se puede interferir en el funcionamiento de las juntas vecinales, enviando a estos jóvenes rentados a ocupar espacios vecinales entregando cajas de comida, bonos de gas, bonos de colectivo, etc, como parte de una campaña política disfrazada de trabajo comunitario».

El Ejecutivo y varias de las mismas organizaciones firmantes, con la inclusión de la Unión de Trabajadores Desocupados, han mantenido frecuentes diferencias sobre políticas de contención social y de generación de empleo.