San Martín ya tiene ordenanza de arraigo

SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto que apunta a “defender, proteger y fomentar la mano de obra local”, mediante la imposición del 90% de trabajadores residentes en las plantillas de las empresas que realizan obras públicas de San Martín de los Andes, en tanto que los emprendimientos privados deberán cumplir igual requisito si adhieren al sistema de beneficios fiscales municipales que la propia norma prevé. El proyecto fue presentado por el bloque del MPN-MID, y establece que todos aquellos que resulten adjudicatarios para construcción de obras o prestación de servicios públicos, ya sea por licitación pública o privada o por contratación directa, tendrán a obligación de emplear un 90% de personal con domicilio real en San Martín de los Andes y una radicación en la localidad de al menos dos años de antigüedad. El porcentaje se calculará sobre el total de la planta de personal afectado a la obra. El concejal Carlos Saloniti destacó que “para el bloque del MPN y para mí en lo personal, es una gran satisfacción que haya llegado este momento, porque este fue un tema que desde que era secretario de Gobierno (en la gestión de Luz Sapag) que venimos trabajando junto con gente de San Martín. No era una normativa fácil de construir porque había que cuidar mucho el tema de la inconstitucionalidad y de no caer en problemas legales, que después con la excusa de la ilegalidad, mucha gente aprovechaba y seguía pasándole el elefante blanco por el costado, pero creo que los aportes que nos hicieron los distintos concejales, fueron importantes para seguir puliendo el proyecto. Cuando se trabaja de esta manera los proyectos salen mejor”, señaló. Saloniti enfatizó que “bajo ningún aspecto se pretende interferir o condicionar la libertad de contratación que legítimamente posee el sector privado, dejando establecido que el espíritu protector de la norma beneficiaría a la sociedad civil en conjunto”. La nueva ordenanza pretende “promover medidas de acciones positivas tendientes a garantizar la real oportunidad de la mano de la obra local y bajo ningún concepto se pretende mediante la presente, discriminar y coartar los derechos reconocidos en nuestra Constitución”, se aclara en la fundamentación.