Santiago: procesan y embargan a Musa Azar y a otros ex jefes policiales





SANTIAGO DEL ESTERO (Télam).- El ex jefe de Inteligencia de Santiago del Estero, Antonio Musa Azar y otros ex funcionarios policiales fueron procesados y embargados sus bienes por secuestros y torturas aplicadas a opositores del ex gobernador Carlos Juárez, antes del golpe militar de 1976, informaron ayer fuentes judiciales.

En su resolución, el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, ordenó el procesamiento de Musa Azar y el embargo de sus bienes por 1.700.000 pesos, en el marco de una causa en la se investiga el secuestro y tortura a 44 personas, en su mayoría opositores a los Juárez.

En el mismo dictamen, el magistrado procesó y trabó un embargo preventivo por el mismo monto al ex comisario Juan Felipe Bustamante; a José Gregorio «Pepe» Brao, procesado y embargado por 200.000 pesos, a través de notificaciones que hoy comenzaron a hacerse efectivas. En la causa caratulada «privación ilegítima de la libertad, torturas y asociación ilícita», también se procesó al ex mayor del Ejército, Jorge Alberto D'Amico con un embargo de 200.000 pesos; al ex comisario Ramiro del Valle López, con un embargo de 2.150.000 pesos y a los ex policías Roberto Salvatierra y Leopoldo Sánchez, con embargos de 100.000 pesos. Durante la instrucción de la causa, el ex jefe de Inteligencia Musa Azar responsabilizó a los ex gobernadores Carlos Juárez y Mercedes 'Nina' Aragonés, por la detención y desaparición de personas antes del golpe militar de 1976.

En una declaración indagatoria, Musa Azar, que permanece detenido en la unidad 5 de Gendarmería Nacional con asiento en la capital santiagueña, declaró que en la tercera gestión de gobierno de Juárez, el titular del Ejecutivo provincial y la entonces secretaria de Promoción y Asistencia a la Comunidad, su esposa «Nina», ordenaban la detención de opositores.

«Una vez detenidos e interrogados, Juárez ordenaba que fueran entregados a distintas unidades del Ejército», dijo Musa Azar en una indagatoria ordenada por el juez Molinari, que investiga la desaparición de personas antes y durante la última dictadura militar.


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