Sapag decretó el plan de ordenamiento territorial

El decreto de reordenamiento incluye “las tierras cuyo dominio fuera cedido a la Corporación Interestadual Pulmarí”.

NEUQUÉN (AN).- El gobierno provincial, tal como lo había adelantado, respondió al escándalo de las tierras en Aluminé con dos decretos: uno, que modifica las condiciones de accesibilidad de tierras para funcionarios públicos (ver aparte), y otro que determina la realización de un plan de ordenamiento territorial.

El plan de ordenamiento, quedó en manos del ministro de Desarrollo Territorial Leandro Bertoya, quien, “a efectos de realizar un correcto diagnóstico de la línea de base o situación ambiental actual” haga el relevamiento en el “área urbana y rural ubicada dentro del departamento Aluminé”.

Los considerandos de la normativa incluyen las superficies municipales de Villa Pehuenia y Aluminé, los lagos Moquehue, Aluminé y Ñorquinco. También “las tierras cuyo domino fuera cedido a la Corporación Interestadual Pulmarí”, con la que el gobierno mantiene cruces en medios de comunicación, a partir del intento del intendente Mauro del Castillo de obtener tierras valuadas en un millón de dólares.

El decreto obliga a realizar un “amplio proceso participativo y social, enmarcado en el sistema de audiencias públicas”. Además, suspende “proyectos y emprendimientos (…) que tengan aptitud para impactar en el ambiente”. La suspensión regirá hasta la finalización del plan de ordenamiento.

Mediante el decreto se instruye al ministro a “implementar un plan de regularización de las construcciones ya existentes, las que deberán acreditar titularidad del predio o instrumento de cesión otorgado por el titular dominial” y “acreditación de la presentación del proyecto ante el Colegio de Arquitectos y consejo Profesional de Ingeniería”.

La norma

El decreto (1804) fundamenta que el área en cuestión “ha demostrado tener una dinámica de ocupación del suelo y uso de los recursos naturales carente de adecuada planificación y ordenamiento”, que “fue una práctica habitual de otros períodos”.

Es, dice el texto, “el carácter escaso que se encuentran adquiriendo (…) los recursos naturales”, lo que “determina su planificación y ordenamiento”.

En un tramo direccionado a las disputas entre particulares y comunidades mapuches, plantea que el ordenamiento podría otorgar “garantías mínimas a los particulares respecto al uso de las tierras ocupadas” lo que redundaría en una “menor conflictividad social en el área”.

El gobierno también defiende su jurisdicción para realizar el relevamiento en los terrenos nacionales que forman parte de la Corporación Interestadual Pulmarí.