Sara y el «fin de la impunidad»

MONTEVIDEO (AFP) – A Sara le tomó 26 años reencontrarse con Simón, su hijo robado en 1976, en Argentina, por militares uruguayos. Como numerosos activistas por los derechos humanos, ella espera que una victoria de la izquierda el domingo sirva para que termine la «impunidad» de los crímenes de la dictadura.

«Uruguay es el más atrasado en el tema de la salida de la dictadura. No pasó un militar, un policía a responder por sus delitos», critica.

Este país de 3,4 millones de habitantes aprobó en 1986 una ley de amnistía a los delitos cometidos por militares durante la dictadura (1973-1985), y ese texto fue ratificado por la ciudadanía en un referéndum en 1989.

Pero los familiares de víctimas de la dictadura no se resignan y siguen esperando juicios a los responsables de la dictadura y averiguar el destino de los desaparecidos. Y confían en que un gobierno de izquierda les abra esa puerta. «La impunidad es absoluta si se paragona a Chile y Argentina, por ejemplo. Es muy brutal acá el tema de la impunidad porque nos conocemos todos: el torturador camina por la misma calle que el torturado», dice Sara Méndez.

Ella incluso dice saber donde vive y pasea el mayor retirado José Nino Gavazzo quien, según ella, la arrestó en Buenos Aires y la torturó. Entonces Simón tenía sólo 20 días de nacido, cuando fue arrancado de los brazos de esa entonces joven maestra anarquista, exiliada en Buenos Aires . Tras ser abandonado en una clínica, Simón fue adoptado por un policía. Al salir de la prisión en 1981, en Montevideo, tras su calvario en el centro clandestino de la capital argentina «Automotores Orletti», Sara sólo pensaba en encontrar de nuevo a su hijo. Después de volverlo a encontrar en Buenos Aires el 13 de marzo de 2002, Sara siguió adelante en su lucha, pidiendo justicia e investigaciones sobre los desaparecidos. Para ella, entre las prioridades de un gobierno de izquierda deben estar la depuración de las fuerzas armadas, el estudio de ese período de la historia uruguaya en los manuales escolares, y la utilización de todos los huecos dejados por la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado o Ley de Amnistía para juzgar a los culpables de desapariciones y asesinatos.

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