Se agudiza el conflicto municipal en San Martín

El intendente pidió control policial para la sede comunal.

SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM).- Mientras se desarrollaban tensas negociaciones en procura de destrabar el conflicto con los municipales por la aprobación del nuevo estatuto y escalafón, el intendente Jorge Carro cerró el centro cívico al público y solicitó una fuerte custodia policial ante rumores sobre una eventual ocupación por parte de los trabajadores. Al mismo tiempo, ordenó sumarios administrativos a una treintena de empleados.

Las sanciones por abandono de tareas en el marco de las medidas de fuerza que se iniciaron el viernes, fueron precisamente el foco del conflicto ayer, pues los municipales se negaban a levantar la protesta si el intendente mantenía los sumarios administrativos.

Por otra parte, anoche, el paro continuaba a la esper de una nueva asamblea, que se realizará en la mañana de hoy y en el corralón municipal.

A lo largo de la jornada y al igual que ocurrió el viernes, los empleados volvieron a instalarse en el recinto del Deliberante, mientras los ediles intentaban destrabar las negociaciones, cruzándose una y otra vez desde el edificio parlamentario a la intendencia, bajo la intensa lluvia que se abatió sobre la ciudad.

Como se apuntó, el entredicho se disparó la semana pasada cuando un centenar de municipales exigieron a los concejales la rápida aprobación del estatuto y escalafón, que lleva ya cinco meses de negociaciones.

Varios de los legisladores habían solicitado más tiempo para estudiar la documentación, en particular porque el nuevo escalafón implicará un incremento de unos tres millones de pesos sobre la masa salarial, a partir de 2006.

Sin embargo, surgieron nuevas diferencias por la aplicación de adicionales, liquidación de horas extra y reconocimiento de tareas insalubres. El caso es que pasadas las 23 del viernes, parecía cercano un acuerdo que luego volvió a quedar sin efecto.

Ayer, los empleados comenzaron a recibir intimaciones de la intendencia para retomar las tareas habituales, así como comunicaciones sobre el inicio de sumarios administrativos por abandono de tareas y uso indebido de bienes municipales (vehículos oficiales con los que los empleados cortaron la calle Pérez el pasado viernes).

Con ese cuadro por delante, los empleados agremiados a ATE redoblaron la apuesta y volvieron a ocupar el Deliberante, exigiendo el inmediato levantamiento de las sanciones, como condición para suspender el paro y reanudar el diálogo.

Se inició así un tire y afloje entre el Ejecutivo y los dirigentes gremiales, que no logró cuajar en una salida negociada.

Finalmente, se informó que todos los servicios públicos del municipio fueron alcanzados por el paro, mientras que en el edificio de la intendencia se suspendieron las actividades administrativas, bajo fuerte custodia policial».


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