Se dilata el juicio a sindicalistas de Bariloche

El juicio oral contra dirigentes justicialistas y sindicalistas barilochenses por la presunta estafa a la administración pública en la causa de desvío de fondos del policlínico Arbos deberá esperar ahora la resolución de la Cámara Federal de General Roca de un nuevo pedido de nulidad de uno de los procesados.

Cuando parecía inminente el debate contra los sindicalistas Walter Cortés (comercio), Ovidio Zúñiga (gastronómicos), Víctor Cárcar (Uocra), el presidente de la CEB, Omar Goye y el abogado Gonzalo Madrazo, todos ellos dirigentes justicialistas, se presentó un nuevo pedido de nulidad que dilata otra vez el juicio. Así lo informó ayer la agencia ADN.

Desde la Cámara Federal informaron a esa agencia que la causa iniciada en 2002 por el desvío de 2.000.000 pesos que había otorgado el Ministerio de Salud de la Nación al policlínico sindical, aún no tiene fecha ni lugar. El Tribunal deberá resolver previamente un recurso de nulidad que luego podría ir a la instancia de casación.

Los dirigentes barilochenses están procesados por «estafa agravada a la administración pública» por el desvío a empresas inexistentes de fondos de un subsidio por 2 millones de pesos que Nación había otorgado en 1999.

Los cinco referentes locales fueron procesados por el juez federal de Bariloche Leónidas Moldes y pesa sobre ellos un embargo por 2 millones de pesos y una prohibición para salir al exterior. En este sentido, este medio pudo saber que casi quincenalmente Zúñiga solicita permiso al tribunal para viajar a la ciudad chilena de Osorno, mientras que Cortés en diciembre pasado fue autorizado a viajar a Alemania por cuestiones personales. Al momento del inicio de la causa a raíz de una denuncia periodística de un medio porteño, Zúñiga ejercía el cargo electo de diputado nacional y Cortés era legislador provincial, al mismo tiempo figuraban como titulares del policlínico sindical.

En la causa, que se inició en los tribunales federales de Buenos Aires y luego fue remitida a Bariloche, se investiga el desvío de fondos a las empresas «Foz Valley S.A» cuyos directivos eran los sindicalistas Cortés y Cárcar, actualmente muy vinculados al intendente Marcelo Cascón, quien fue respaldado en las últimas elecciones por ambos dirigentes y designó al segundo como un «asesor municipal» en gestiones de viviendas ante Nación. También figura un aporte a la sociedad anónima denominada «Surtsey», dirigida por Goye y Madrazo, quienes habrían recibido 1,8 millones de pesos provenientes del subsidio.