Se impuso la política

Una decisión política fue la que puso punto final al enmarañado caso Pinochet. Porque fue el ministro del Interior británico el que decidió ayer no seguir adelante con el proceso y los gobiernos europeos (España entre ellos) los que desistieron de apelar la medida.

Excepto quizás Bélgica, ninguno de los gobiernos involucrados en el caso tuvo nunca una decisión tajante de seguir adelante con el proceso impulsado por el juez Baltasar Garzón, un grupo de magistrados progresistas de España y organismos internacionales de derechos humanos.

El debate sobre si España podía o no juzgar a Pinochet tuvo siempre tantos defensores como detractores con argumentos sólidos. Algunos, basándose en la territorialidad, sostenían que sólo Chile podía poner en el banquillo al ex dictador. Otros, aduciendo la escasa independencia de la Justicia chilena , el carácter de «lesa humanidad» de los delitos y la ausencia de un Tribunal Penal Internacional, aceptaban la pretensión de Garzón de enjuiciarlo en territorio europeo.

Para desazón de varios políticos, la Justicia británica fue dando en cada etapa judicial la razón a la segunda tesis: Pinochet podía ser juzgado en España, aunque solamente por el cargo de torturas. Y no había razones para creer que el fallo cambiara en alguna instancia posterior.

Por esto, el gobierno británico, a través de su ministro del Interior, cortó por lo sano y abortó el proceso mediante una decisión política.

Tanto el laborista premier británico Tony Blair como el conservador jefe de gobierno español José María Aznar temían que un proceso prolongado contra el general retirado dañase las relaciones con el país trasandino. No es algo menor, teniendo en cuenta que España es el primer inversor extranjero en Chile y Gran Bretaña el cuarto. Con el agregado de que las Fuerzas Armadas chilenas, en pleno proceso de renovación de equipamiento, tenían a Londres como uno de sus principales proveedores.

La decisión de Straw les permite a ambos una salida elegante: Blair liberó a Pinochet aduciendo un respeto a los derechos humanos del militar y Aznar desistió de apelar, evitando un juicio en España que reavivaría el debate dictadura/democracia y los recuerdos sobre el franquismo que tan poco pueden favorecerlo en plena campaña electoral.

En Chile, los efectos del regreso del general son una incógnita. Por lo pronto reabrirá una herida abierta: las violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Lagos, que prometió respaldar las causas judiciales en contra del militar, estará ahora bajo la mirada internacional para que cumpla su palabra. Algo muy difícil, teniendo en cuenta las leyes de amnistía y el fuero que tendrá el aún senador vitalicio, sin contar con las presiones militares. Pero en algo coinciden todos: el general vuelve derrotado. Viejo y enfermo, su peso político ya no es el mismo que en el «98, cuando operó para bajar la candidatura de Joaquín Lavín, hoy el líder natural de la derecha. Su imagen internacional quedó en ruinas: de hacedor del «milagro chileno» quedó reducida a la de un dictador sanguinario en decadencia. A nivel interno, le queda el apoyo de sus camaradas (no es poco) y algunos políticos amigos.

Quizás ése haya sido el mayor efecto de la detención: los chilenos empezaron a pensar un país sin Pinochet.

Leonardo Herreros