Se profundiza el conflicto

Seguridad, el juego y el caso Boudou ahondan las diferencias





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Mariotto criticó la situación en las cárceles bonaerenses.

BUENOS AIRES.- La conflictiva relación entre el gobernador Daniel Scioli y el kirchnerismo amenaza con estallar ante las cada vez más fuertes embestidas del vicegobernador, Gabriel Mariotto, que comenzó apuntando contra las políticas de Derechos Humanos y de Seguridad, y se suman ahora diferencias por el caso Boudou y el control del juego en la provincia.

Rodeados desde varios frentes, desde el sciolismo aseguran que la orden del mandatario es “no confrontar” y solo responder “con gestión”, ratificando públicamente su alineamiento al gobierno nacional, pero por lo bajo replican cada maniobra, defendiendo y sosteniendo las políticas del mandatario del PJ.

La conflictiva relación comenzó el mismo día de reasunción de Scioli con Mariotto como vicegobernador –que responde directamente a la presidenta Cristina Fernández– y derivó el 10 de diciembre en un enfrentamiento entre jóvenes kirchneristas de La Cámpora con guardias de la Policía bonaerense.

A las ya antiguas críticas de Mariotto y el periodista Horacio Verbitsky a la secretaria de Derechos Humanos, Sara Derothier de Cobacho y al ministro de Seguridad provincial, Ricardo Casal –ambos funcionarios varias veces ratificados por Scioli–, se sumó la semana pasada la aprobación de un pedido de informes de la Legislatura a Scioli, impulsado por el kirchnerismo, para que explique las contrataciones del Estado provincial a la empresa Boldt.

Mientras Mariotto salió a apoyar públicamente el pedido de informes impulsado por el kirchnerismo, por lo bajo, desde el sciolismo replicaron que esos contratos para la explotación de las salas de juego “vienen desde la anterior gestión de Felipe Solá” y dijeron que será “la Jefatura de Gabinete la que responderá” los requerimientos, como si se tratara de un tema menor.

Boldt es la empresa acusada por el vicepresidente Boudou de impulsar las denuncias en su contra por supuestos beneficios a la ex Ciccone Calcográfica –que investiga hoy la justicia–, en el marco de una “operación política” contra el gobierno nacional.


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