Se viene otro aumento del agua en Río Negro

Unos 167.000 usuarios del servicio sentirán el impacto de la suba de la tarifa en la provincia.

VIEDMA (AV).- El Departamento Provincial de Aguas (DPA) autorizó a la empresa estatal Aguas Rionegrinas (ARSA) a disponer de un incremento tarifario del 10%. El corrimiento tendría incidencia efectiva en la facturación, posiblemente entre julio y agosto próximos; según trascendió de fuentes oficiales. El gobierno se apresta a emitir por ese motivo, el decreto Nº 407, que podría ser publicado en el Boletín Oficial durante la semana venidera. En enero pasado, la principal concesionaria de servicios de agua potable y cloacas comenzó a distribuir entre sus clientes un aviso relacionado con su solicitud de aumento en la tarifa. El objetivo de la distribución de esta comunicación fue llegar a los usuarios en el marco de lo estipulado en el artículo 2 de la Resolución del Departamento Provincial de Aguas (DPA) Nº 618/10, a todos los interesados a que en el plazo de 15 días corridos a partir de la publicación en el Boletín Oficial, realicen las presentaciones que estimen pertinentes en salvaguarda de sus derechos. Los interesados podían tomar vista de la documentación en las diversas oficinas de la empresa en esta capital, el DPA y las delegaciones del interior. ARSA formalizó un nuevo pedido de aumento del 12 % en la tarifa bajo el argumento de que debe afrontar diversos costos operativos de carácter variable. Sin embargo, se otorgó el 10%. Sin audiencia pública Por este motivo, el DPA -como ente regulador- habilitó mediante resolución Nº 2.159 el proceso de revisión tarifaria extraordinaria. Por tratarse de una cuestión excepcional, la solicitud no será sometida al mecanismo de audiencia pública como está obligado con análisis ordinarios, aunque los 167.000 usuarios tienen la posibilidad mediante el recurso de la documentación en cada representación. El pedido trasladado por ARSA fundamentó que se necesitaba mejorar la ecuación económica como consecuencia de efectos no deseados, y que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Se trata de obligaciones relacionadas con atender incrementos del 20% en los salarios del personal, del 15,3% en los precios al por mayor que pagan por la energía eléctrica consumida por bombas de succión, y un 10% en productos químicos que se emplean dentro del proceso de potabilización. El aumento de tarifas tiene mayor incidencia entre quienes cuentan con el servicio medido. En la provincia todavía hay una franja de clientes sin medidores.