Seguel será juzgado por un delito excarcelable

El juicio contra el ex subcomisario tendrá casi la misma cantidad de testigos que el del crimen de las tres jóvenes cipoleñas. Sin embargo, el incumplimiento de deberes de funcionario público es excarcelable y pasible de una multa.



CIPOLLETTI (AC).- Cuando se realice el juicio por “incumplimiento de deberes de funcionario público” contra el ex subcomisario Luis Seguel, se citará casi a la misma cantidad de testigos que por la privación ilegítima de la libertad y muerte de las tres chicas. Será casi como un “Triple Crimen 2”, con la diferencia de que el delito que se le atribuye al ex jefe policial es excarcelable y puede ser saldado con el simple pago de una multa.

Todavía no está definido cuándo se hará el debate de este causa desprendida de la investigación del triple crimen, ni se sabe si el mismo se llevará a cabo en Cipolletti o Roca. Lo más probable es que se realice en la sede natural de la Cámara Segunda.

El procesamiento de Seguel está relacionado con el momento de la búsqueda y el hallazgo de los cuerpos de María Emilia, Paula y Verónica. Aún hoy se mencionan algunos hechos que lo tienen como protagonista, y que siguen generando polémica. En el juicio que se realiza para analizar la responsabilidad de Claudio Kielmasz y Guillermo González Pino, más de una vez se hicieron serios cuestionamientos por el modo como actuó. El ex jefe de la subcomisaría 69 cayó en el centro de las sospechas poco después de que se derrumbara la hipótesis que apuntó como autores del triple crimen a los marginales Hilario Sepúlveda y Horacio Huenchumir. El juez Pablo Iribarren lo desvinculó de la investigación el 29 de noviembre de 1997 y el 18 de diciembre del mismo año ordenó su detención. Lo acusaron de haber “entorpecido la investigación”.

El ex subcomisario estuvo apenas unas horas detenido y recuperó la libertad. Pero la investigación siguió. Bajo la carátula “Seguel, Luis Erasmo y otros s/encubrimiento”, se incorporaron otros hechos que involucraron a más policías, como el caso del médico policial Gustavo Montelpare (ver aparte).

El 25 de junio de 1998 el juez Iribarren procesó a Seguel por “encubrir a los autores de los homicidios”. El magistrado tuvo en cuenta varios hechos relacionados con la búsqueda y el momento del hallazgo de los cadáveres para imputar al ex policía. Pero el 13 de agosto del mismo año, lo desprocesaron. Los jueces de cámara consideraron que no había elementos para demostrar que se trataba de una maniobra de encubrimiento.

A pesar de esta resolución, las familias insistieron en reiteradas ocasiones que el ex subcomisario “sabe qué pasó”. La investigación continuó, y el 12 de noviembre el juez Iribarren lo procesó por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, un delito menor que es excarcelable y puede ser saldado con una multa. Los camaristas confirmaron esta resolución y finalmente el fiscal Alvaro Meynet lo acusó de “autor” del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público en modalidad de delito continuado”.

En las consideraciones previas realizadas en la requisitoria de elevación a juicio, Meynet aclaró que los hechos atribuídos al procesado posibilitaban su encuadre legal tanto en el delito que se le adjudicó como “el de encubrimiento u otras figuras típicas emparentadas con éstas”. Pero respetó la decisión adoptada por los camaristas, máxime teniendo en cuenta que no se había incorporado ninguna prueba nueva para ratificar el planteo de encubrimiento.

Seis hechos de incumplimiento quedaron firmes para el debate (ver aparte).

Casi un centenar de testigos serán citados para el juicio de esta causa, una de las cuatro conexas desprendidas de la investigación del triple crimen. Será un debate casi similar al que se realiza ahora contra Claudio Kielmasz y Guillermo González Pino, los dos acusados de privar la libertad y asesinar a las hermanas González y su amiga Verónica Villar.

Se le imputan seis hechos de incumplimiento de funcionario público

CIPOLLETTI (AC).- El fiscal Alvaro Meynet consideró que el ex jefe de la Subcomisaría 69 debe responder por seis hechos de “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Es por su actuación durante la búsqueda y el hallazgo de los cuerpos de las jóvenes asesinadas.

•Primero: “No habría difundido debidamente la desaparición de las víctimas. Habría omitido afectar personal idóneo a la búsqueda, especializado y en cantidad suficiente, fundamentalmente atendiendo al número de víctimas y a la característica de la zona”.

•Segundo: “Habría orientado la búsqueda, en la cual también participaban particulares, hacia sitios opuestos a la zona en la cual la lógica aconsejaba concentrar y agotar la pesquisa. Esto es: la zona próxima al corredor de calle San Luis desde la Avenida de Circunvalación hasta Ferri, que era el lugar elegido por las víctimas para las caminatas y sobre lo cual se contaba con datos concretos. El sitio del hallazgo de los cadáveres, distante a poco más de 100 metros de dicho sector y descubierto por un particular -Dante Caballero- casi cuarenta horas después, así lo evidencian”.

•Tercero: “Rehusó disponer la averiguación sistemática en la zona de chacras, para consultar entre los habitantes de la misma sobre el posible avistaje de las infortunadas”.

•Cuarto: “Habría difundido como novedad relativa a la búsqueda un dato sumamente inidóneo o dudoso y obtenido además en forma absolutamente casual en el Destacamento de Tránsito de Barda del Medio, el día lunes 10 en horas de la tarde; con el objeto de detener el rastrillaje en procura de conocer la suerte corrida por las víctimas, lo que así habría ocurrido concentrándose los voluntarios en la unidad policial a la espera de novedades a ese respecto”.

•Quinto: “Rehusó aceptar apoyos para colaborar con la búsqueda de las víctimas, tales como los puestos a su disposición por el fiscal neuquino Mario Rodríguez Gómez, consistente en la actuación de la UESPO de la Policía de Neuquén, y el de Carlos Carrascós, consistente en un aviso por radio a los chacareros para que recorran sus chacras y/o accedan a ello por terceros”.

•Sexto: “No acordonó eficazmente el sitio donde fueron hallados los cadáveres, especialmente por el frente de la chacra de la familia Sastre. Del mismo modo ordenó el ingreso de personal policial de custodia, posibilitando que se borraran, removieran o destruyeran rastros o pruebas que pudieran orientar la investigación”.


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