Semana clave en la causa por el vaciamiento de Hiparsa

El juez decide la situación de los tres ex presidentes.



VIEDMA (AV).- Tras varios años de investigación, esta semana vence el plazo para que el juez Carlos Reussi resuelva la situación procesal de Ernesto Urcera, Edgardo Corvalán y Carlos Errecalde por el vaciamiento de la empresa minera Hiparsa.

Entre las imputaciones, la Justicia investiga un faltante millonario en el complejo de Sierra Grande, que comprende 30 rodados -entre camiones, camionetas y automóviles- e innumerables maquinarias, motores y muebles. Además, las ventas de otros bienes realizadas -según los peritos- a un “precio vil”, que corresponde a un lote de rodados y máquinas cedido al 18 por ciento del valor estimado de mercado.

Urcera -que recientemente renunció a la presidencia-, Corvalán -ex legislador y actual director de la aseguradora Horizonte- y Errecalde fueron los últimos tres titulares de Hiparsa. Todos fueron indagados por Reussi bajo la imputación de haber administrado fraudulentamente la empresa mientras se desempeñaron al frente de ella.

Inicialmente, los tres se abstuvieron de declarar, pero luego Urcera aceptó defenderse. El último titular de Hiparsa insistió que la denuncia penal respondía a cuestiones personales y políticas, entregó alguna documentación y resaltó que las ventas investigadas fueron autorizadas por el directorio. También reconoció que durante su gestión no realizó ningún inventario de la empresa, argumentando el tiempo que esa labor implicaba y que este tipo de actividades deben ser realizadas por un profesional.

Desde hace cinco años, en el Juzgado 2 se investiga el presunto vaciamiento de Hiparsa. La causa -expediente 26358/99- fue instruida inicialmente por el ex juez Víctor Ramírez Cabrera y, después, por el hoy camarista Jorge Bustamante. Ahora, la investigación está a cargo de Reussi.

Urcera reconoció la falta de inventarios de la empresa ce

dida por la Nación a Río Negro hace 13 años y, recientemente, vendida al grupo privado A Trade Grading. Por eso, el juez concentró su análisis en los relevamientos.

Las pericias no fueron practicadas sobre el total de los bienes de Hiparsa sino -según la estimación- sólo en un 10 por ciento. Aún así, existen conclusiones terminantes.

A Urcera, Corvalán y Errecalde se les imputa la venta de maquinarias, útiles y herramientas de la empresa un “precio vil”, es decir, a un valor varias veces inferior a los de mercado. Entre esas cesiones se encuentran retroexcavadoras, camiones, camionetas, acoplados y casillas rodantes.

Los peritajes en poder de la Justicia estimaron un valor de mercado de cada rodado, lo cual, totaliza 211.000 pesos pero habría sido vendidas por un total de 38.244 pesos. Así, el pago en favor de Hiparsa rondó un 18 por ciento del costo estimado por los peritos.

Además, a los ex funcionarios se les reprocha la falta de maquinarias, útiles y herramientas de un valor aún no calculado. Entre ellos, el listado advierte el faltante de 30 rodados, incluyendo 10 camiones, 7 camionetas, 6 automóviles y otras unidades.

También se consignaron otros elementos no ubicados en el complejo como balanzas de laboratorio y precisión, equipos de aire acondicionado, una treintena de soldadores de distintos tipos, tornos y diferentes motores.

A los tres ex funcionarios también se les adjudica la presunta utilización de bienes, servicios y personal de la empresa en beneficio de terceras personas que pertenecían o no a la firma, así como la compra por parte de Errecalde de un motor que se encontraba reparado a nuevo para colocarlo en su camioneta particular. Se los acusa de pagar presuntamente horas extras a los empleados para la realización de trabajos a terceros.

Según los plazos procesales, Reussi deberá resolver esta misma semana la situación de los tres indagados. A la indagatoria, Errecalde concurrió con su abogado Pedro Francisco Casariego y Corvalán por Juan Pablo Chirino. Primero, Urcera asistió con Casariego pero en la posterior ampliación estuvo acompañado por un defensor oficial.

Urcera acusó a Iribarren

Ernesto Urcera -al igual que Corvalán y Errecalde- se abstuvo de declarar en la primera convocatoria pero, luego, el pasado 20 de mayo, aceptó hacerlo y habría entregado fotocopias.

Habría vinculado esta denuncia de vaciamiento a cuestiones personales y de interna partidaria, responsabilizando de la ofensiva al actual intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren. Además, sumó sospechas sobre gente que él despidió y que habría sido usada por Iribarren en una interna con Corvalán.

El ex presidente habría señalado ante el juez que esas ventas “no afectaban al complejo productivo” y que por las maquinarias vendidas a ARSA se logró un pago por encima del valor inventarial”. Cuestionó el peritaje realizado sobre estas ventas.

También habría admitido que durante su gestión en Hiparsa no realizó ningún inventario, argumentando el tiempo que esto implica y que este tipo de actividades de actividades deben ser realizadas por un profesional. Habría añadido que al ser designado por el ex gobernador, Pablo Verani, al frente de esta empresa siguió trabajando con el inventario que recibió del contador y ex ministro de Gobierno, Esteban Rodrigo.

Sobre la venta de las palas cargadoras, Urcera habría entregado una fotocopia de un acta del directorio autorizando la venta de una motoniveladora marca “John Deere” que, en realidad, nunca fue vendida y que todavía permanece en la empresa. (AV)

Todo lo que falta en el complejo

El investigado vaciamiento de Hiparsa se concentra en maquinarias o rodados vendidas a “valor vil” o que directamente no están en el complejo minero, recientemente cedido a una empresa privada.

Entre los principales faltantes, el listado en poder del juez Carlos Reussi consigna la inexistencia de 30 rodados: 10 camiones (en su mayoría, volcadores y otros cargadores frontales), 7 camionetas (algunas doble cabina), 6 automóviles (Ford Falcón), dos ambulancias, dos autobombas, un tractor, un colectivo y una casilla rodante. También, el registro oficial menciona la inexistencia de 6 autoelevadores.

Por otras ausencias detectadas, el magistrado solicitó explicaciones por el faltante de unas 30 soldadoras, 5 balanzas especiales, tres tornos, tres aire acondicionado y diferentes tipos de motores.

Además, una acusación se concentra en la venta “a precio vil” de parte de Hiparsa a ARSA, con fecha de noviembre de 2002.

En la indagatoria, Reussi consignó cada adquisición con el valor de venta y su estimación (según un peritaje).

El análisis de “Río Negro” -según la comparación de ambos costos- determina que la docena de elementos vendidos a 38.244 pesos tenía un precio estimado total de 211.000 pesos. Es decir, el pago rondó un 18 por ciento del costo que los peritos consideraron apropiados para su venta. Por caso, se vendieron dos acoplados chicos (2 ejes) a 673 pesos y dos casillas rodantes a 168 pesos. Las estimaciones fueron de 3.000 pesos en ambos casos. Se cedieron camionetas F 100 en 1.680 pesos cada una y otra en 420 pesos. El valor oficial rondó de 3.000 a 4.000 pesos. (AV)

Otro informe con advertencias

Un informe pericial -realizado por el contador Ricardo Rubén Pérez y, con el análisis específico de tres ingenieros -Cesar Pierini, Oscar Pringles y Walter Mostajo- también advertía sobre los faltantes en las plantas operativas de Hiparsa.

Aquel peritaje -publicado por “Río Negro” el pasado 9 de diciembre- afirmó que “la principal novedad se advirtió en el sector de peletización” ya que faltan más de una docena de motores especiales que afectan a molinos, ventiladores de polvo, cintas y tambores.

Durante el relevamiento también se habría detectado la “ausencia de los dos equipos turbogeneradores” y sus “instalaciones de operación y control” de la subestación. (AV)


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