Semana crucial para la investigación en Centenario

La Cámara empieza a analizar si varios de los imputados deben seguir en libertad.

NEUQUEN (AN)- Buena parte del futuro de la investigación sobre la banda de los subsidios se definirá esta semana. A partir de hoy, la Cámara Criminal Primera comenzará a analizar si el intendente Luis Castillo, el desocupado Héctor «Zapallito» Molina y sus secuaces, deben seguir en libertad.

Desde que estalló el escándalo, a fines de setiembre pasado, el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Pedro Telleriarte, y el juez Alfredo Velasco Copello vienen sosteniendo una pulseada jurídica por este tema, que ahora se dirimirá en una instancia superior.

En su primer requerimiento de instrucción, Telleriarte le había pedido al juez que metiera presos a Castillo, Molina, seis desocupados de su agrupación, más Alejandro Romeo, representante del ministro Jorge Lara en Centenario.

Después agregó dos pedidos de detención más: para Patricia Gutiérrez, supersecretaria del gabinete, y Roberto Contreras, titular de Hacienda municipal.

Velasco Copello solamente ordenó la detención de Molina y su grupo de tareas, pero dejó en libertad a los funcionarios con el argumento de que no eran «peligrosos» y su libre deambular no ponía en riesgo la investigación.

A fines de octubre, el juez tomó su decisión más polémica: liberó a los siete desocupados por falta de pruebas. Fue 48 horas después de que Molina declarara en el expediente que el ministro Lara le paga 2.000 pesos, que nadie sabe bien de dónde salen aunque haya muchas presunciones, para tareas de todo tipo vinculadas con el Movimiento Popular Neuquino.

Los imputados en libertad demostraron su poderío: en simultáneo con su regreso a la calle, empezaron a llover denuncias de «aprietes» a testigos por haber colaborado con la investigación y haberse atrevido a declarar en contra de aquellos que, según el fiscal, cometieron «un virtual saqueo de los fondos públicos».

Hasta Castillo hizo lo suyo: el miércoles pasado, después de pedir una licencia médica, reunió a un grupo de seguidores con los cuales copó el municipio y torció voluntades. Por ejemplo la del presidente del Concejo Deliberante, Jorge Moreno, quien primero estaba a favor de la suspensión del intendente y luego de la «visita» se declaró en contra.

Esta abierta presión ejercida por Castillo fue considerada un error estratégico por quienes lo asesoran. Lo cometió justo cuando un tribunal de apelaciones debe decidir si su libertad puede perjudicar a la investigación, como afirma el fiscal, o si en cambio no es peligroso, como opinó el juez Velasco Copello.

Hasta la semana pasada, la Cámara Primera dio oportunidad a la fiscalía y a la defensa para que presentaran argumentos que sostuvieran sus pretensiones. Vencidos los términos, desde hoy los camaristas empezarán a analizar el fondo de la cuestión.

La Cámara que debe resolver está integrada por Roberto Fernández, Jorge Sommariva y Cecilia Luzuriaga.


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