Senadores que anticipan su rechazo a la ley de subversión económica

y de subversión económica si es que el proyecto es tratado en el recinto el miércoles próximo; mientras que los otros dos -ambos justicialistas- se llamaron a silencio y prefirieron no manifestar sus posiciones.

Consultados por «Río Negro», los representantes de las provincias hicieron públicas sus negativas ante el urgente pedido del Ejecutivo para eliminar la norma que regula y castiga los delitos financieros.

Los senadores Luz Sapag (MPN-Neuquén), Pedro Salvatori (MPN-Neuquén), Amanda Isidori (UCR-Río Negro) y Luis Falcó (UCR-Río Negro) fueron quienes expresaron su contundente rechazo al proyecto de Duahlde, mientras que Sergio Gallia (PJ-Neuquén) y Miguel Pichetto (PJ-Río Negro) prefirieron no revelar su postura por motivos diferentes en cada caso.

Lo cierto es que luego de una semana dramática para el presidente -en la que tuvo que reconfigurar su gabinete ante las presiones de un ala de su propio partido y en una búsqueda desesperada por renovar su apoyo en el Congreso-, las posiciones adoptadas por los senadores patagónicos son un reflejo del fragmentado mapa legislativo con que Duhalde debe lidiar por estos días.

Luz Sapag fue la primera en proclamarse en contra de la derogación de la subversión económica. «Si llega al recinto, voy a votar en contra, porque derogar la subversión económica implica darle impunidad a los responsables de la más grave crisis económica y social que recuerde el país», enfatizó.

Sapag dijo que el delito de subversión económica podría aplicarse «a las autoridades nacionales, a los banqueros que hicieron posible la fuga de capitales, a los responsables del megacanje, a los mentores de las privatizaciones irregulares y en varias causas contra el corralito financiero».

«Es sorprendente que el FMI pida la derogación de esta norma justo cuando es esta ley casi la única herramienta de la justicia para impartir orden en el medio del caos que vive el país», dijo.

Una postura similar fue la esgrimida por su par partidario, Pedro Salvatori. «De ningún modo voy a vota a favor de la derogación de la ley. A mi juicio, sólo es necesario modificarla», afirmó el ex gobernador neuquino.

Por su parte, la radical Amanda Isidori fue aún más lejos, y además de expresarse contra la eliminación de la subversión económica, afirmó que es necesario endurecerla mediante una modificación de sus artículos. «En el bloque creemos que el FMUI debe entender la situación en la que estamos. No podemos derogar esta ley de un día para el otro», sostuvo Isidori. También Luis Falcó opinó de ese modo. «No podemos ni queremos derogarla porque no hay un sustento jurídico aparte de esta ley para regular los delitos financieros. Si la sacamos, nos quedamos sin nada», afirmó.

«Se acordó su aprobación»

Los senadores peronistas de la región no manifestaron su negativa a aprobar las leyes en cuestión, y prefirieron la mesura a la hora de la respuesta. El justicialista Sergio Gallia, explicó que él está excusado de involucrarse en el debate de este proyecto del Ejecutivo en el Congreso ya que forma parte del jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura contra el juez mendocino Leiva, donde la figura de la subversión económica está siendo puesta bajo análisis. Finalmente, Miguel Pichetto prefirió no dar su opinión, atento a los movimientos internos del partido tras los cambios de Gabinete.

En tanto, ayer el flamante ministro del Interior, Jorge Matzkin, imprimió un tono definitorio en torno de la polémica que generó el pedido del gobierno para sancionar las leyes de Subversión Económica y Quiebra, al sostener que «se acordó» con los jefes de las distintas bancadas del Congreso su aprobación para la semana próxima.

«Al presidente lo veo muy firme, gobernando, respaldado por el Congreso, los gobernadores que también lo hicieron a través de un documento (de los 14 puntos)», sostuvo Maztkin al responder una pregunta sobre si el gobierno estaba débil.

Maztkin también desacreditó las versiones que aventuraban que si la semana próxima el Congreso no aprueba las leyes de Subversión Económica y de Quiebras se complicaría la situación del gobierno. (ABA, Télam)