Señales y gestos

El giro trágico que tomó el conflicto docente en Neuquén conmocionó el clima social y político en todo el país. Justo cuando, en Río Negro, se tensa la cuerda por el reclamo de mejora salarial que lleva adelante el gremio Unter.

Por ahora, las posiciones aquí no han llegado a grados extremos. Pero la acumulación de sumas no remunerativas y las frustradas promesas de incorporación al básico para regularizar el escalafón docente han molestado a los educadores. Y, si bien en los últimos congresos se impuso la voz dialoguista, es conocido que en el gremio coexisten sectores que se inclinan por posiciones más rotundas, como la de ir a un paro por tiempo indeterminado.

Entre las tres opciones económicas ofrecidas por el gobierno, la única que satisface la expectativa en ingresos deja pendiente la regularización del básico. Y esto se suma a los 70 pesos que también por afuera se aplicaron al salario docente en noviembre y a los 150 otorgados a mediados del 2005 y que nunca se sumaron al sueldo formal.

En momentos en que la Nación advierte sobre el descalabro de las finanzas provinciales, el margen se reduce y no sorprendería un recalentamiento progresivo.

El gobierno rionegrino busca dilatar las negociaciones para poner al gremio en el atolladero de no poder resolver un paro muy cerca de las elecciones, por el riesgo de ser tildado de «político». Por el contrario, la Unter busca acelerar el paso y esta misma semana haría un congreso para evaluar el resultado de la paritaria del martes.

La sociedad rionegrina no presenta la misma conflictividad que la de Neuquén, lo que reduce las posibilidades de que el reclamo sindical llegue a igual grado de violencia.

Pero dos elementos se presentan como familiares a ambos lados del puente: la falta de capacidad de los funcionarios para encontrar vías negociadas de resolución de conflicto, y la existencia en las Policías provinciales de personas carentes de la capacidad de actuar como custodios de la legalidad y no como meros delincuentes comunes.

El gobierno rionegrino acaba de decretar dos días de duelo provincial por el fallecimiento del docente neuquino Carlos Fuentealba, en muestra de inobjetable pesar por su muerte.

Pero, antes de esto, no dispuso duelo provincial por los dos jóvenes que murieron en febrero pasado por las quemaduras sufridas en un calabozo de la comisaría de Mainqué, en un hecho que siembra gravísimas sospechas sobre el accionar policial. Tampoco hubo duelo provincial por el joven Pablo Huenteleo, asesinado a quemarropa por un policía de Valcheta en la puerta de su casa. Y recorrer ejemplares recientes de este diario ilustran denuncias de apremios ilegales en Bariloche, Choele Choel, Catriel, El Bolsón, Roca y Regina. De allí que el decreto parece más un gesto para mostrar sensibilidad, que un sincero repudio a todos los casos de brutalidad policial.

No es nuevo, en esta provincia y en los últimos tiempos, que se dé más importancia a las señales que a los hechos concretos. Sobre todo, desde que comenzó la campaña. En estos últimos días ha sido notable.

De pronto, el gobierno de Miguel Saiz ha decidido desempolvar una larga serie de proyectos frustrados o abandonados, poniendo a prueba la paciencia de los memoriosos. Parece que alguien hubiera instruido: «Lo que sea, pero anuncien».

Cada día, algún funcionario anuncia que ahora sí sucederá lo pendiente.

Por ejemplo, se acaba de anunciar la licitación de 30 camiones nuevos para cuarteles de bomberos, cuando en la última década esas asociaciones civiles han reclamado hasta el cansancio que el Estado cumpla con deudas históricas de dinero, equipamiento y cobertura social.

También se anuncia la compra de cinco vehículos nuevos para que el Consejo del Discapacitado pueda relevar cuántas personas con capacidades disminuidas habitan en parajes rurales y pequeños pueblos, algo que cuesta creer que aún no se haya hecho. La mayoría de las escuelas especiales, lamentablemente, sigue esperando contar con los edificios adecuados y con fondos suficientes para desarrollar su tarea.

La profusión de gacetillas oficiales de esas que nombran en primer lugar al funcionario y después el tema de que se trate incluyó el sorprendente «rescate» de un proyecto relegado: la nueva licitación de la zona franca en Sierra Grande.

Este asunto dio mucho más rédito a los funcionarios provinciales que viajaron, presidieron actos y se sacaron fotos desde hace más de diez años- que a los habitantes de esa castigada ciudad minera, quienes nunca vieron de la tan mentada firma inversora Carriere Dhainaut más que a su representante vernáculo, el controvertido Héctor Cuenya. Fue el mismo que actuó como apoderado de la también misteriosa Aycsa Tensis, la empresa que nunca construyó el aeropuerto de cargas de General Roca, pese a que supuestamente había cobrado 500.000 pesos por planos que nadie vio.

La lista de anuncios sigue, hasta llegar a plantearse como un logro del gobierno la posibilidad de que en el futuro Ferrero Rocher vuelva a evaluar si cultivará sus avellanos en la zona de Idevi, algo que también se anunció hace diez años.

Mientras tanto, de otras promocionadas concreciones nadie habla ya, tal vez para que no se advierta que aún no ven su fin.

Por ejemplo, en los hospitales rionegrinos todavía es necesario hacer larguísimas colas para conseguir un turno con un especialista, y la falta de equipamiento o los equipos que están pero no se usan genera un inmenso gasto y muchas incomodidades por derivación de pacientes al sector privado.

Pero la provincia gasta en estos días más de dos millones de pesos en camisetas de fútbol, elementos promocionales, guardapolvos y zapatillas que por la coincidencia con la fecha preelectoral parecen «a medida» del uso partidista de los fondos públicos.

Una realidad tan denostable como repetida.