Señalizarán el centro clandestino de detención de Bariloche

#DDHH

La Secretaria de Derechos Humanos de la provincia se hizo eco de las investigaciones por delitos de lesa humanidad que realiza el Juzgado Federal de Neuquén, difundidas por el diario Rio Negro, y decidió solicitar a sus pares nacionales la identificación de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche como un centro clandestino de detención.

La delegación Andina de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia brindó una conferencia de prensa este viernes, en la que ratificó su participación y seguimiento de las causas y juicios por delitos de lesa humanidad referidos a los casos de desaparición forzada y secuestros perpetrados durante la última dictadura militar en la región y en particular en esta ciudad.

El delegado, Raúl Prytula, destacó que la Escuela Militar de Montaña, ubicada en el km 9,500 de la avenida Bustillo, funcionaba como un centro clandestino de detención y recordó que en ese momento se denominaba Escuela de Instrucción Andina.

El funcionario informó que el pedido de señalización del centro clandestino de detención de Bariloche fue aprobado y confirmaron su próxima realización.

Además del reconocido caso de la desaparición del estudiante barilochense Juan Marcos Herman, el organismo realiza seguimientos de las causas y juicios por delitos de les humanidad referidas a las desapariciones de: Julio Schwartz, 39 años, trabajaba para el banco Nación y fue secuestrado en Villa Turismo en la localidad de El Bolsón; Carlos Surraco, 35 años, transportista de Ing. Jacobacci a quién secuestraron en un taller mecánico; Alberto Giusti, 31 años, analista de sistemas informáticos de la Fundación Bariloche; Carlos Zapata, 32 años, maestro de la localidad de Las Bayas, secuestrado en Mendoza y Eduardo Biancalana, 20 años, estudiante de Bariloche secuestrado en Capital Federal.

Asimismo, detallaron que gracias al aporte del contador Enrique Carlos Mogensen, se tomó conocimiento del hallazgo de documentación del accionar de los servicios de inteligencia llevadas a cabo en Bariloche, lo que se denominó Plan Martillo.

El “Plan Martillo” entre otras medidas, ordenaba a los servicios de inteligencia y a las autoridades ejecutivas de facto, confeccionar un listado de personas, entre ellas, políticos, gremialistas y vecinos en general, sugeridos a la desaparición forzada.

Esta documentación fue hallada por las autoridades democráticas en el año 1983 en una cja fuerte del despacho de legales del municipio, la cual fue remitida oportunamente por el entonces gobernador Osvaldo Alvarez Guerrero a la Justicia Federal de Bahia Blanca. Actualmente, el Archivo provincial de la Memoria se encuentra investigando cuál fue el destino de esa documentación.

DeBariloche