Será una lucha larga y costosa

Panorama

El triunfo de Macri en noviembre pasado inauguró una etapa de dispersión en el poder tras una década de fuerte concentración. El fin de la hegemonía de una facción política daba lugar al comienzo de un período de equilibrios, reflejada en la composición de fuerzas en el Congreso, donde el oficialismo es minoría. Si un mérito se le ha reconocido al macrismo en los primeros meses de gobierno fue el haber mostrado una precisa conciencia de cuáles eran sus límites en el nuevo escenario. Algo aún no determinado ha llevado a Macri a perder ese registro.

Salvo los jueces que lo redactaron, no hubo quién conociera el contenido del fallo de la Corte Suprema sobre las tarifas del gas hasta su publicación, el jueves poco antes del mediodía. Alcanza con revisar los diarios del día anterior. La falta de información fue motivo de reproches en el gobierno y aún lo sigue siendo. Sin embargo, la dirección que tendría el fallo era previsible y fue anticipada en ámbitos que reconocen mejores canales de contacto con los miembros de la Corte y, tanto más, una lectura más precisa sobre la naturaleza de sus integrantes. Allí se cansaron de repetir en las últimas semanas que, dada su composición, el tribunal reconocería que es una facultad del Poder Ejecutivo la fijación de las tarifas de los servicios, pero nunca estaría dispuesto a cargar con la responsabilidad de convalidar estos aumentos. No era ninguna revelación: idéntica dirección había tomado un mes atrás el Senado. Sorprende que el rumbo de la Corte se escapara de la comprensión del presidente durante los numerosos contactos que mantuvo con Ricardo Lorenzetti a lo largo del trámite judicial.

El revés en la Corte ha expuesto al macrismo y particularmente al presidente a un tipo de escrutinio que ya parecía formar parte de su pasado: hoy vuelve a ser motivo de duda su capacidad para hacer política. Podría tratarse de una mirada incompleta: no parece haber equivalencias entre, digamos, el equipo de asesores del ministro de Energía Juan José Aranguren, a los que se encomendó la estrategia jurídica, y hombres como Lorenzetti y el recién llegado Horacio Rosatti.

De nada sirve especular acerca de quién es el culpable. Podría ser Aranguren o el equipo que encabeza Marcos Peña en la jefatura de Gabinete. Las voces en el gobierno están divididas al respecto. El fallo ni siquiera ha terminado de fortalecer al ala política sobre el ala técnica, como podría en un principio suponerse, por lo que las responsabilidades parecen repartidas. Cuestión que conduce una vez más a Macri, quien mueve ese fiel, y a su sistema de toma de decisiones.

Tentado con ciertos desbordes del período anterior, fue el presidente quien dio la medida del tropiezo cuando convirtió la cuestión de las tarifas en un trance crucial para esta etapa de su gestión. Si es verdad como se dijo que la llamó “madre de todas las batallas”, no deberían sorprender las semejanzas con episodios traumáticos del pasado reciente.

Algunas cifras muestran las verdaderas proporciones del asunto. En el gobierno estiman el impacto fiscal del fallo que anula los aumentos en el consumo domiciliario en una cifra que se ubica entre los 12 mil y 20 mil millones de pesos, según quien mida. Un número menor si se consideran los 132.500 millones de pesos de déficit acumulados en el primer semestre del año, según la estimación de la ASAP, y que resulta insignificante al lado de los 400 mil millones que proyectan otras consultoras para todo el año como déficit financiero.

La secretaría de Energía informó que de los consumidores residenciales, es decir, los hogares, un 87% había pagado las facturas de gas en todo el país hasta el mes de junio, cuando comenzaron las presentaciones en la justicia, mientras que en Capital y GBA habían pagado la luz un 90% de los clientes de Edenor y un 95% de los de Edesur hasta el mes de agosto. Las cifras promedio de las facturas de gas y de luz, según números de la jefatura de Gabinete, fue de 500 pesos en el 87% de los usuarios. “La gente que se queja por el aumento en las tarifas es la misma que reclama por las escalas de ganancias”, se escuchó antes del fallo en esa misma oficina.

Si estos números son fidedignos, el aumento de las tarifas está lejos de ser desproporcionado y es, al momento en que termine siendo aplicado, cobrable.

¿Qué llevó entonces a este revés en la justicia? La respuesta está en el terreno de la política.

En el gobierno admiten errores en la ejecución, entre los que sobresalen el no haber convocado a audiencias públicas –un trago amargo para cualquier gestión, por la alta exposición a las críticas– y la aplicación del último tope de entre 400% y 500% a los aumentos en el precio del gas negociado con los gobernadores, que hizo imperceptible el recorte del esquema tarifario anterior. Puro déficit de gestión.

Pero también reconocen un exceso de confianza en cierta invulnerabilidad de la figura de Macri que parecía signar en las encuestas el período. Macri ha superado instancias difíciles cuando dispuso levantar el cepo, corregir el atraso cambiario y salir del default. Incluso su veto a la ley antidespidos sancionada en el Congreso no tuvo costo alguno. Allí estaba el presidente hasta que decidió librar una “batalla cultural” contra el 51,3% de los habitantes que cree que si el costo real de los servicios públicos es superior al que se cobra hoy, la diferencia debe pagarla el Estado. Macri deberá preparase para una lucha que será larga y costosa.

La dirección que tendría el fallo era previsible y fue anticipada en ámbitos que reconocen mejores canales de contacto con los miembros de la Corte.

Allí estaba hasta que decidió dar una “batalla cultural” contra el 51,3% que cree que la diferencia entre costo y precio de los servicios debe pagarla el Estado.