Sigue la polémica por la violación en la escuela 295

Los dirigentes gremiales apuntaron con dureza contra las autoridades de Educación. Hablaron de ocultamiento del episodio que conmovió a la opinión pública. Desmintieron una información de la subsecretaria Graciela Carrión y le recriminaron la suspensión de un programa de educación sexual en las escuelas. Hay un generalizado malestar en los docentes del establecimiento, quienes se reunieron con la secretaria de ATEN, Liliana Obregón.

NEUQUEN (AN) – La denuncia de la violación a un niño de primer grado de la Escuela 295 de barrio San Lorenzo, por parte de dos chicos de sexto, disparó una polémica que se avivó con el correr de las horas. Las autoridades se esforzaron por poner paños fríos y aquietar las aguas, pero el cruce de acusaciones y recriminaciones a través de los medios periodísticos no hizo más que agregar elementos y recalentar los ánimos.

En horas de la mañana representantes de ATEN capital denunciaron que el Programa de Educación para la Sexualidad que existe desde hace 15 años fue dejado a la deriva por la Subsecretaria de Educación, Graciela Carrión de Chrestia. En declaraciones a este diario el coordinador del programa, Osvaldo Curone, señaló que desde el siete de febrero intenta comunicarse con la subsecretaria de Educación quien «no lo recibe ni contesta mis cartas».

Por su parte Adriana Moyano y Gabriel Pillado, consejera escolar por Aten del distrito 1 y secretario general de ATEN capital respectivamente, se quejaron porque desde Educación no se informó correctamente a los docentes y directivos de la escuela 295 de la situación que, según dijeron, ya les había sido advertida. Incluso ellos mismos confesaron haberse enterado por los medios de comunicación.

A la tarde Liliana Obregón y el asesor legal del gremio a nivel provincial, Gustavo Olivera, participaron de una reunión con autoridades y docentes del colegio, en el establecimiento, para interiorizarse de la situación.

«Una vez que conozcamos a fondo qué pasó, emitiremos un comunicado. Lo haremos por escrito porque el tratamiento que los medios periodísticos le dieron al caso no obliga a ser cautos. Todos salen en contra de la escuela pública y la culpan de los problemas sociales, pero nadie sale en defensa de ella», dijo Obregón.

Al encuentro no se permitió el ingreso del cronista de este diario ni se permitió que trabajara el reportero gráfico.

Moyano y Pillado aseguraron que es falso que se diera inmediata intervención al Centro de Atención a la Víctima, como había informado Chrestia hecho constatado por Moyano en horas de la mañana de ayer cuando visitó la escuela.

La consejera escolar del distrito 1 y el secretario general de ATEN capital se mostraron molestos para con la prensa por el tratamiento que le dio al tema. Aseguran que no se respetó a los chicos y que «es muy fácil echarle la culpa a los docentes por no «controlar a los alumnos» durante los recreos» sin buscar las razones más profundas.

En relación a la responsabilidad del Concejo Provincial de Educación (CPE) sentenciaron que «con las medidas represivas que plantea Chrestia se profundiza el problema porque se fomenta el ocultamiento» y agregaron que «es una forma de sacárselo de encima» pero que después va haber casos iguales en otras escuelas.

Moyano señaló que maestras de la escuela 295 le manifestaron su indignación por la liviandad con que se trató el tema, tanto desde las autoridades del colegio y el CPE, como desde el periodismo.

«Mientras las autoridades de Educación se llenan la boca proponiendo soluciones para el problema de la escuela 295, suspenden un programa preventivo y de educación para la sexualidad que venía demostrando su importancia desde hace 15 años», manifestó Curone.

El programa constaba de talleres en los que se instruía a los docentes en el tratamiento de la problemática sexual de los chicos y sus familias. Se tenía en cuenta la opinión de los padres, con quienes se realizaba un encuentro previo al de los docentes con los chicos, según Curone.

Los talleres de sexualidad eran abiertos a los educadores, trabajadores de la salud y público en general en diversos puntos de la provincia. «Dejaron de implementar cuando asumió Chrestia en diciembre del año pasado», denunciaron.


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