Siguen los «juicios por la verdad»

La Corte Suprema de Justicia ratificó ayer que la Cámara Federal de Bahía Blanca continuará con la investigación del destino de los desaparecidos en los denominados «juicios por la verdad», al negar la existencia de un conflicto de competencia entre ese tribunal y la Cámara de Casación Penal.

Así lo resolvió la Corte, al rechazar una presentación de la Cámara Federal de Bahía en la que le hizo conocer al alto tribunal su oposición a una decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que dejó en libertad a militares que habían sido procesados por el tribunal bahiense por «falso testimonio».

Según confirmaron fuentes judiciales, la Corte rechazó el oficio por considerar que «el conflicto de competencia entre ambas Cámaras» no está trabado, por lo que la Cámara Federal de Bahía Blanca continuará investigando el destino de los desaparecidos.

La Cámara de Bahía Blanca procesó por falso testimonio al teniente coronel Julián Corres (que revista en el área de inteligencia de Santa Cruz), primer militar en actividad citado desde 1985, quien interpuso un recurso contra esa resolución ante la Cámara de Casación Penal.

La misma Cámara bahiense arrestó por negarse a declarar a los suboficiales Santiago Cruciani y Armando barrera, que fueron liberados por orden de la Cámara de Casación.

Ahora el Tribunal de Casación, deberá determinar en los próximos días los lineamientos para proceder a la citación de los militares en estos juicios.

La decisión de liberar a los militares fue cuestionada por la Cámara de Bahía Blanca, que suspendió la tramitación del proceso, debido a que el expediente se encuentra en manos de Casación.

La investigación intenta dilucidar la verdad sobre el destino de los desaparecidos, dónde están sus cuerpos y cómo fueron muertos, y no puede aplicarse un castigo a los responsables, que se encuentran amparados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En cambio sí puede ser debatido en un futuro juicio oral, las responsabilidades de los militares que se encuentran procesados por el robo de más de 200 bebés ocurridos en la dictadura, ya que se trata de un delito imprescriptible.

El miércoles, la Corte Suprema puso fin a un conflicto de competencia en esta causa, al excluir la jurisdicción militar y ratificar al juez federal Adolfo Bagnasco a cargo de la investigación.

La información fue suministrada a por el juez Guillermo López, uno de los nueve ministros de la Corte.

El conflicto entre los jueces de Bahía Blanca y la sala IV de Casación se agravó cuando el tribuna suspendió los arrestos que había impuesto la Cámara que sustancia el juicio a los militares que rehusaron comparecer como testigos. (Infosic, DyN)