Silencio insalubre

Alicia Miller

El escandaloso contrapunto entre el gobierno rionegrino y su propia conducción en la sociedad anónima estatal Altec pasará a la historia como un «incidente» más en una cadena interminable.

Pero su gravedad seguramente no podrá ser medida, porque el conjunto de la sociedad carecerá de la información necesaria para formarse una idea cabal sobre el tema.

Sin embargo, Altec es una sociedad anónima cuya propiedad está en forma exclusiva en manos del Estado de Río Negro. Es decir que el directorio es nombrado por el gobierno, pero los accionistas son los contribuyentes rionegrinos. ¿Detrás de qué excusa podría refugiarse el silencio?

Los dilemas se suceden:

¿Había en las cuentas de Altec referidas a la gestión de Guillermo Campbell gastos sin justificar por entre 700.000 y 1 millón de pesos como dijo el ahora ex presidente Adrián Brussino? ¿O «sólo» por 53.000 pesos, como denunció finalmente?

En todo caso, la fugaz conducción del abogado de Bariloche parece demostrar que, bienintencionado o no, Brussino no tenía la suficiente formación específica para conducir una empresa de alta tecnología, ni supo actuar de manera firme e indubitable para transparentar la administración de bienes del Estado. Si quiso echar luz sobre el pasado, no lo hizo bien. Y la decepción fue su único legado a sus comprovincianos.

Tampoco Fernando Grandoso ni Juan Carlos Ferrari son lo que podríamos llamar especialistas en seguros, y sin embargo están manejando la aseguradora del Estado provincial Horizonte, otra sociedad anónima de propiedad de los rionegrinos.

Sus antecesores en Altec y Horizonte -Guillermo Campbell y Raúl Be

rola- tampoco eran inicialmente expertos en la materia específica, aunque la práctica de años frente a Altec y a Horizonte los volvió «duchos» en el oficio.

Ambos actuaron como si fueran los propietarios o los gerentes de firmas privadas. Reclamaron reserva para las cifras internas de «sus» empresas, hasta un grado mayor aún al que suelen invocar las sociedades particulares. Y, ante cualquier embestida investigadora, siempre alguien en el poder -el gobernador en las gestiones anteriores- los defendió de los curiosos.

No son los únicos ejemplos a la hora de afirmar que este gobierno no ha logrado revertir una mala costumbre en Río Negro: que los titulares de las empresas del Estado son designados por afinidades políticas y no por aptitudes técnicas, y que no hay, dentro de la estructura jerárquica del gobierno ni en los entes de control interno o externo del Estado, quien ponga remedio a la eventual ineficiencia, a la desprolijidad administrativa ni a conductas mucho más graves y más reñidas con la legalidad.

En varias de las empresas del Estado rionegrino, acuerdos internos con la anterior gestión obligaron a Miguel Saiz a mantener la conducción preexistente en tiempos de Pablo Verani. Aunque decir «obligaron» no es más que reconocer que el actual mandatario asumió una función recortada, sin autonomía, limitada por las condiciones que él mismo aceptó, al convertirse en el candidato de un radicalismo que buscaba no un hombre que lo condujera sino a alguien «presentable» ante los votantes, que le permitiera mantenerse en el poder como conjunto.

Días atrás, y ante testigos, Saiz dio instrucciones de no revisar la gestión anterior en Altec, y el «frenate» que dio a Azcárate en Educación hace suponer que el criterio se aplicará respecto del pasado de todas las empresas y organismos públicos.

Y no es un dato menor: la gestión Altec está siendo investigada penalmente en Río Negro por su vinculación con Tecno Acción, la empresa de la que salieron los cheques cobrados por el concesionario de casinos que habrían servido para el pago de coimas a dos ex funcionarios de alto nivel. Con observaciones del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas evalúa los sospechosos convenios que le dejaban una mínima ganancia y que implicaban una desemedida transferencia de dineros públicos a una firma privada. La AFIP analiza un sinnúmero de erogaciones y facturas irregulares de la empresa. Y el propio Campbell declaró que varios pagos del Estado eran disfrazados de «subsidios» para evitar pagarle a la Nación varios cientos de miles de pesos de impuestos.

Hoy, Altec está en serias dificultades financieras. Su principal garante, el Estado provincial, parece haber retirado su aval para un abultado descubierto en el Banco Patagonia. Y esto está complicando la ejecución de proyectos en marcha que podrían garantizar la continuidad de la firma y el pago al personal.

En todo este enredo, el escasísimo margen de maniobra que posee el secretario de Control de Gestión de Empresas Públicas, Alberto Croceri, es un dato que habla más de la incomodidad personal que estará atravesando el profesional que de sus posibilidades reales de modificar un esquema que funciona «a paquete cerrado» y ajeno a sus deseos.

Ante este diagnóstico, la convocatoria del gobierno a debatir una reforma política tiene una agenda tan amplia como estrechas son las señales de que el radicalismo acceda a flexibilizar el estilo con que ha ejercido el gobierno al menos en las últimas cuatro gestiones: dar lugar a la oposición en los organismos de control externo, compartir la conducción de las comisiones parlamentarias, admitir cambios en el régimen electoral y transparentar la información pública pasada, presente y futura son requisitos indispensables para creer en la existencia de una voluntad republicana de cambio.

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar


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