“Sin miedo” al jurado ni a la participación popular para elegir jueces

–¿La Justicia rionegrina enfrenta una crisis de credibilidad? –Hay una deslegitimación del Poder Judicial que, en parte, obedece a lo que se difunde en los medios, aunque falta un poco de apertura de nosotros hacia la comunidad. Hay que salir de los despachos, de tanto encierro. Esto de que se habla a través de las sentencias, a veces, nos ha impedido comunicar los logros, más allá de las cosas que debemos mejorar, que nos alejan de la gente. –¿Ha ingresado en los números del presupuesto? –Todavía no. Se que ha mejorado en relación al año pasado y que está por debajo de los mejores niveles históricos que supo tener en la provincia. La expectativa es mejorarlo para poder dar la más adecuada respuesta. –¿Está sobredimensionada el área administrativa en la Justicia? –Hay que revisar la plantilla de los juzgados penales. Al margen de que en Viedma –por ejemplo– se creó otro juzgado de instrucción se trabaja con solo dos desde el año 87. En estos años la administración tuvo un crecimiento exponencial frente a lo jurisdiccional. Hay que tener en cuenta que en la Justicia la administración debe estar al servicio de lo jurisdiccional. –¿Cómo ve la política salarial? –La Corte (Suprema de Justicia de la Nación) es el marco referencial para que no haya jueces de primera y segunda en el país, pero en Río Negro hay que adecuar los salarios al presupuesto… –¿Los jueces deben pagar impuesto a las ganancias? –Es un tema federal porque es un impuesto que no queda en las provincias. Lo que pasa es que con el actual nivel de salarios como el de un juez de primera instancia –entre 25.000 y 30.000 pesos según la antigüedad– si se le aplicara ese impuesto tendríamos un vacío y serias dificultades para cubrir esos cargos. Si se compara con otros sueldos de la administración pública o con lo que puede obtener de la actividad privada sería muy difícil que algún abogado asuma esa tarea. –¿Deben existir adicionales en la Justicia? –En todos los Poderes Judiciales existen funciones por las que se pagan adicionales, pero fundamentados en la naturaleza de la tarea que así lo justifique y no en la persona, que fue lo desvirtuó el MIG que parecía no ser trasparente ni seguir estos criterios en relación a la función que se cumplía, que debe ser extra al cargo que se detenta. –¿Debe cambiar el sistema de elección de los jueces? –Al margen de la Constitución, me gustaría otra conformación del Consejo de la Magistratura: no sólo con abogados y legisladores sino también con representantes del Colegio de Magistrados, de los (trabajadores) judiciales y consejeros populares. –¿Está de acuerdo con la reforma del Código Procesal Penal en Río Negro? –Hay un consenso hacia el modelo acusatorio y el juicio por jurados. Es la participación del pueblo en el acto de juzgar. No tengo miedo a esta participación. Estoy a favor. – La Justicia rionegrina aplica con criterio restringido la prisión preventiva, ¿qué opina? –Un persona procesada goza de la presunción de inocencia hasta el juicio y esta es una de las razones de la reforma, porque ahora se encarcela rápido pero llegamos muy tarde al juicio. Tendríamos que acelerar el juicio para definir situaciones y no se discutiría tanto la preventiva. – ¿Y la mediación judicial? – Hay que tener voluntad política para acompañar esta resolución de conflictos, como todo proceso de cambio, porque sino son letra muerta como la mediación penal, que está la Ley pero no se ha implementado por falta de decisión política de capacitar a los operadores, si es esto lo que falta. No todo pasa por el sistema penitenciario. Hay otras soluciones que dejan satisfechas a las personas y que permiten reparar. – ¿En que se avanzó en la Justicia rionegrina? – Con los abusos sexuales, que son la mayoría de las causas, aunque no se sabe si ese aumento obedece a que la gente se anima a denunciar más porque se informa que esos casos llegan a condenas y pueden por ello recurrir a la Justicia. Cuando empecé a trabajar se consideraba que era la palabra de uno contra la del otro y se terminaba en un sobreseimiento en la instrucción, ni siquiera se llegaba a juicio. Después vino la Cámara Gessell para hechos donde son víctimas niños y eso generó un avance. Ahora está variando la valoración de las pruebas en violencia de género. Es importante el reciente fallo del STJ que consideró que hay delito de desobediencia judicial en los casos que exista una prohibición de acercamiento y no sea acatada. Falta avanzar en este tema porque la mujer que lo padece no tiene una causa única sino varias, en distintos juzgados y fiscalías, mientras está en riesgo su vida. Hay que sentarse a trabajar urgentemente en esto y confío que eso pasará, no sólo porque dos mujeres integremos el STJ, sino que depende de la cabeza y confío en Piccinini y en el resto. Todos somos un nuevo equipo porque si bien Barotto y Mansilla nos preceden, asumieron hace poco y está bueno arrancar todos juntos.

Adriana Zaratiegui