Sin novedades en la búsqueda del testigo López

La búsqueda del albañil Julio Jorge López, el testigo clave del juicio al represor Miguel Etchecolatz, seguía ayer «sin novedades», a 21 días de su desaparición. Así lo informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, que aseguraron que los rastrillajes «continúan» pero los resultados se mantienen negativos.

La familia de López mantiene su esperanza en que el albañil haya sufrido algún shock emocional por el mal de Parkinson que lo afecta, aunque los investigadores manejan como una de las hipótesis que haya sido secuestrado y asesinado.

La titular de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Adriana Calvo, señaló que «la situación sigue exactamente igual y la angustia crece por supuesto hora a hora, minuto a minuto», mientras reconoció que «es prácticamente imposible» pensar que se haya perdido.

«El gobierno ha decidido no dar noticias o no las tiene, no sé, la verdad que es complicada la situación», expresó la mujer a radio América, en tanto exhortó a la administración de Néstor Kirchner a que «lo encuentre ya, y con vida».

López, de 77 años, fue visto por última vez el lunes 19 de setiembre por la mañana, en su casa de la localidad bonaerense de Los Hornos.

Anteriormente había declarado en el juicio al ex jefe policial Etchecolatz, quien fue condenado a reclusión perpetua por los crímenes cometidos en la última dictadura militar, hechos por los que la Justicia incluyó, por primera vez, la figura de «genocidio».

Su desaparición desató un inédito y el más amplio despliegue policial que se recuerde en la historia del país.

Calvo dijo que en las últimas horas no hubo «absolutamente ninguna comunicación» con autoridades gubernamentales provinciales y nacionales.

«La política del gobierno ha pasado a ser 'Busquemos a López juntos', lo que no me parece correcto, porque son ellos los que lo tienen que buscar, no nosotros. Nos cabe reclamar que lo encuentre ya y con vida», puntualizó.

En la misma línea, insistió que «para nosotros Julio está secuestrado por los integrantes de las fuerzas de seguridad que actuaron durante el genocidio y que continúan en sus puestos».

Consideró que «por lo tanto, la responsabilidad del gobierno en primer lugar es echar a esta gente de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas».

(DyN y Télam)