SIP: «Antecedente jurídico histórico, a ser imitado»

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) resaltó ayer «la importancia para el continente americano» del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina en favor de «Río Negro», que prohíbe al Estado discriminar a los medios de comunicación al suprimir o reducir en forma arbitraria la colocación de publicidad oficial. El máximo organismo de la prensa libre en el continente americano sostuvo que la sentencia «debe ser considerada un antecedente jurídico importante a ser imitado en aquellos países en que existe esta práctica habitual y corrupta totalmente contraria a la libertad de prensa».

La SIP tomó postura acerca del fallo del 5 de este mes contra el gobierno del Neuquén y su gobernador Jorge Sobisch por el retiro de la publicidad oficial al Río Negro en represalia por un informe que incomodó al mandatario. Como se recordará, la Corte por mayoría consideró que el Estado neuquino «discriminó» a la Editorial Río Negro por su línea editorial crítica a la administración pública.

La sentencia estableció que el Estado «no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios». Estableció la sentencia que tampoco «puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión», al tiempo que exhortó al gobierno provincial a que en el plazo de un mes establezca criterios razonables para la distribución de la pauta publicitaria.

El presidente de la SIP, Rafael Molina, dijo que el reciente fallo «enaltece el reclamo que viene haciendo por

décadas la SIP y establece jurídicamente que la discriminación de parte del Estado con la publicidad oficial es una coacción indirecta contra la libertad de prensa».

«Es necesario ahora profundizar este fallo histórico a favor de la libertad de prensa», reclamó Molina, director del diario dominicano «El Día».

«El Congreso argentino, así como los legisladores del resto del continente deben retomar este debate y crear leyes que redondeen estos criterios jurídicos para no permitir que los gobiernos sigan utilizando la publicidad oficial como una manera de discriminar, coartar la libertad de prensa y, por ende, limitar el derecho del público a saber».

La SIP viene reclamando en forma constante sobre este tipo de discriminación. «En lo que va del año, la organización hemisférica se pronunció contra la discriminación de publicidad oficial sobre medios de Aruba, Guyana, Uruguay, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela. En Argentina, los reclamos de la SIP son de vieja data e incluyen a los gobiernos provinciales de Córdoba contra los diarios La Voz del Interior y La Mañana; de Santiago del Estero contra El Liberal; de Misiones contra El Territorio; mientras que a nivel nacional la SIP criticó la discriminación que practica el gobierno del presidente Néstor Kirchner, especialmente, contra Editorial Perfil».

Gonzalo Marroquín presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, enfatizó que «el fallo de la Corte es un precedente incalculable en defensa de la libertad de prensa» y que servirá «como antecedente para otros recursos judiciales contra el Estado nacional promovidos por otros medios como la revista Noticias y Editorial Perfil».

Marroquín, director del diario guatemalteco «Prensa Libre», dijo que la SIP «está complacida con la sentencia», recordando especialmente una visita de una delegación internacional que lideró a Neuquén en marzo del 2005, durante la cual se entrevistó con el gobernador Sobisch y otras autoridades. En aquel entonces, la SIP concluyó: «En esta situación de polarización política y de falta de tolerancia ante la crítica, la SIP no se sorprendió que la publicidad oficial en los medios de comunicación fuera otorgada con un sentido discriminatorio y arbitrario para castigar a aquellos medios que tienen una actitud editorial crítica sobre los actos gubernamentales. Tal es el caso del diario Río Negro y otros medios de comunicación electrónicos, los que han sufrido una dramática caída de la pauta publicitaria oficial, exactamente después de denuncias periodísticas, lo que evidencia un sistema de represalia».

En alusión al pedido de Molina, Marroquín expresó que «sobre la base de la transparencia de los actos públicos, los gobiernos deben regular sobre el otorgamiento de publicidad y propaganda estatales». «Toda legislación sobre esta materia debe contener principios técnicos y objetivos basados en la distribución, circulación y penetración de los medios, además de contemplar criterios de pluralidad y diversidad para que todos los medios, de diferentes tamaños y tendencias editoriales puedan ser razonablemente alcanzados por las políticas de otorgamiento de publicidad, y así de esa forma el Estado pueda llevar su mensaje a una población tan vasta como diversa».

Molina y Marroquín expresaron que la SIP distribuirá la sentencia de la Corte argentina entre sus asociados y esperan que la asamblea general de la SIP, a reunirse en octubre próximo en Miami, emita una resolución para invitar a todos los gobiernos del continente americano para que adopten medidas similares que «limiten ésta práctica habitual y corrupta totalmente contraria a la libertad de prensa».