Sobisch propone pagar con bonos a empleados y proveedores 

NEUQUEN (AN).- El gobierno provincial llenó ayer los escritorios de los diputados de proyectos de ley de reforma del Estado y les pidió -«con el corazón», dijo- que se los devuel-van sancionados. Allí aparecen la declaración de emergencia, el despido de empleados públicos, las jubilaciones anticipadas, reducción de salarios, suspensión del pago de juicios, transformación del banco estatal y, perdido en un artículo, la autorización para que el Ejecutivo pague este año parte de los sueldos y las deudas con proveedores con bonos.

Jorge Sobisch quiso darle a la presentación de estos cuatro proyectos de ley una jerarquía superior al simple trámite burocrático. Por eso, pidió autorización y, sentado en el sitial del presidente de la Legislatura, les leyó a los diputados durante media hora un discurso con el que intentó reflejar el estado de crisis de la administración pública.

«Les estoy hablando con el corazón porque tomo medidas que no me gustan», improvisó hacia el final parafraseando al ex ministro radical Juan Carlos Pugliese.

Sólo los 16 diputados del MPN aplaudieron al gobernador cuando terminó su discurso. La Alianza tomó con cautela el mensaje y aclaró que para la mayoría de las medidas que quiere tomar Sobisch no es preciso declarar a la provincia en emergencia. Un bloque del PJ con piel de oposición y corrido a la izquierda criticó las presiones del gobierno nacional sobre la administración neuquina y los dictados del Fondo Monetario Internacional.

El paquete consiste en cuatro leyes: la de emergencia económica y reforma del Estado, la de transformación del Banco Provincia en una sociedad anónima con participación privada, la de convertibilidad fiscal y la de adhesión al compromiso federal que selló Sobisch con el gobierno nacional.

«En las condiciones en que se encuentra hoy, el Estado neuquino es inviable», advirtió primero el gobernador. Reiteró entonces el discurso que viene repitiendo desde que asumió, sobre los privilegios de los empleados públicos. Para graficar la burocracia, se animó a asegurar que el Estado puede comprar hasta un elefante, siempre y cuando el expediente esté correctamente confeccionado.

Si no tomaba las medidas de contención del gasto que dispuso al iniciar su gestión y si los diputados no lo autorizan para tomar las que ayer propuso, más severas, la provincia terminará el 2000 con un déficit de 310 millones de pesos, dijo.

Y entonces lanzó la frase que crispa a la Alianza: «todos somos responsables de los que nos ha pasado, por acción u omisión».

Si los diputados lo aprobaran, pasarían a disponibilidad los empleados que no encajen en la nueva estructura de la administración. «Afectará a los que no trabajan, a los que no cumplen, a los que se sientan sobre los expedientes y al burócrata que utiliza su poder para defender sus privilegios», prometió.

Mientras dure la disponibilidad los afectados cobrarán menos sueldo porque se les quitarán los adicionales y bonificaciones, y los que no puedan ser reubicados podrán jubilarse anticipadamente o, de lo contrario, serán despedidos y cobrarán una indemnización.

El horario se trabajo se reducirá dos horas y algunos lo cumplirán por la mañana y otros, por la tarde. Si esto se transformara en ley, todos los empleados públicos recibirán una rebaja salarial proporcional a una hora.

Habrá una nueva moratoria de impuestos provinciales con la que piensan recaudar 11 millones de pesos y se incrementarán los aportes previsionales tanto de los empleados como del Estado.

Sobisch no mencionó en su discurso el pago de sueldos con bonos. Sólo dijo que la provincia pagará en efectivo este año hasta 520 millones de pesos, de lo que se deduce que el resto de la masa salarial, 40 millones, se liquidará con títulos de cancelación de deudas.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Alfredo Pujante, aclaró que el gobierno aspira a que la cifra sea finalmente menor ya que proyecta reducir la planta de personal con las otras medidas. Informó además que los estatales recibirán el grueso de los bonos, que serán a cuatro años, con el aguinaldo de julio y que el resto se prorrateará en los sueldos. Es la primera vez en la historia de la provincia que el Estado emite bonos para liquidar salarios. Habrá una segunda serie de bonos, éstos a diez años, que se utilizarán para pagar las deudas con proveedores consolidadas al 31 de diciembre de 1999. Esta emisión podría ser utilizada además en la contingencia de los eventuales juicios contra el Estado. En ambos casos, la tasa de interés será de alrededor un 10 por ciento anual.

El gobierno intentará nuevamente que la Legislatura le permita echar mano a los fondos de una agencia estatal de desarrollo llamado Iadep. 

Equilibrar gastos y recursos

NEUQUEN (AN).- El Estado deberá garantizar que cada peso que gaste se compense con otro peso que recibe, y tendrá autorizado un pequeño porcentaje extra para pagar intereses de los préstamos que tome. Si los diputados aprueban el paquete de medidas que solicitó ayer Jorge Sobisch, el gasto público neuquino no crecerá entre 2001 y 2005, y en ese período el gobierno intentará generar «cierta capacidad de pago» mediante el aumento gradual del superávit.

Ambas metas están contenidas en el proyecto de convertibilidad fiscal, oficialmente denominado de «solvencia o disciplina fiscal» con que el equipo económico pretende amordazar el avance de los gastos sobre los recursos.

Para el primer año de aplicación del cerrojo -el próximo- se proyecta un salto en el superávit de casi 30 puntos respecto de 1999, mientras corrige la relación entre el gasto público corriente primario y los recursos corrientes. El excedente en dinero se aplicará al desarrollo de la economía, según los fundamentos del proyecto que ingresó ayer en la Legislatura. La gradualidad establece que para los últimos años del período -2003 a 2005- el superávit esté en los diez puntos. La convertibilidad fiscal se origina institucionalmente en el compromiso federal firmado por los mandatarios provinciales con el gobierno de la Alianza el seis de diciembre pasado. Ese convenio, que también será consagrado como ley de la provincia, pone para el año próximo como tope a los fondos coparticipables -que serán rediscutidos- el promedio de la recaudación entre 1998 y 2000, con un piso garantizado de 1.364 millones de pesos mensuales.

El motor de la reforma

NEUQUEN (AN).- La emergencia económica, financiera, administrativa y social del sector público se convertirá, por un año, en el motor legal que pretende Jorge Sobisch para gobernar este período constitucional -el segundo suyo-. El gobierno podrá prorrogarlo por un período igual y por una sola vez.

Si los diputados aprueban todas las medidas que constan en el proyecto, Sobisch tendrá las manos libres para proceder «a la adecuación de las plantas funcionales» de la administración pública, es decir, podrá disponer «traslados y reubicaciones» de empleados públicos «dentro de la zona geográfica de su residencia y respetando la remuneración normal, habitual y permanente que le corresponde, salvo las bonificaciones y adicionales.

Si la reubicación no funciona, el empleado entrará en la zona gris de la disponibilidad, que supone percibir la remuneración mensual equivalente al salario que le corresponde, sin bonificaciones por un período no mayor de seis meses. En caso de no existir vacantes o rehusar la reubicación, el empleado cobrará una indemnización de un mes de sueldo por año de servicio o fracción superior a los tres meses.

Se instrumentará un régimen de jubilación anticipada para los empleados declarados en disponibilidad -que al 31 de diciembre de 2003 estén en condiciones de jubilarse-, pasividad anticipada -diez años antes a la edad tope jubilatoria- o prescindibilidad.

También se adoptará un régimen de reducción de la jornada laboral -dos horas menos pero rebaja salarial por una hora sola-, con horarios complementarios que abarquen de las ocho a las 18, en dos períodos de cinco horas. Como pinzas para contener el gasto, propone cancelar las deudas vencidas con proveedores con títulos o bonos, al igual que los salarios cuando se superen los 520 millones anuales.

Reparos de Radonich y críticas de Duzdevich

NEUQUEN (AN).- Para el presidente del bloque de la Alianza, Raúl Radonich, la declaración de emergencia económica sólo serviría para justificar el despido de empleados públicos, que es un punto «muy difícil de aceptar, máxime por el partido provincial y su eterna interna», dijo. Por motivos diferentes, se opusieron también a esta drástica medida los peronistas y los felipistas del MPN.

«Esto corresponde a las presiones del gobierno nacional y a los dictados del Fondo Monetario», ensayó un discurso corrido hacia la izquierda el peronista Aldo Duzdevich.

«La disponibilidad no es una muy buena herramienta». Estas palabras de Jorge Tobares, uno de los cinco felipistas del MPN, terminaron de delinear el panorama de la oposición al sobischismo en la Cámara.

Radonich también recordó que para la inmensa mayoría de las medidas contenidas en los proyecto, el paraguas de la emergencia económica es excesivo.

«No aceptamos el diagnóstico de que el Estado es inviable y, además, no somos todos responsables» de la crisis, como dijo Sobisch. Para Radonich, los únicos culpables fueron Sobisch y Felipe Sapag. Adelantó que el resto de los temas serán motivos de debate entre los bloques, con una sola condición: que el Banco Provincia se transforme en sociedad anónima sin perder el control estatal.

Además de denunciar presiones externas, Duzdevich reiteró que los seis integrantes de su bloque no votarán ninguna ley que signifique dejar gente en la calle. El felipista Tobares recordó el paralelismo que Sobisch trazó entre la actual crisis neuquina y la hiperinflación del último año de Raúl Alfonsín. Lo hizo para dudar que las dos situaciones sean comparables.

Como el gobierno tiene apenas 11 diputados incondicionales y precisa 18 votos para sacar este paquete, la suerte de su plan de reformas depende del apoyo que le den los opositores que conviven con él en el MPN, pero también de alguno de los otros dos bloques: el PJ o la Alianza. Para tomar la primera medida polémica, el nombramiento del fiscal de Estado, el gobierno consiguió en diciembre pasado cerrar filas con los felipistas y el PJ.