Sobre la prórroga de los contratos petroleros

El 14 de octubre este diario publicó un artículo nuestro sobre los contratos petroleros prorrogados y el control que sobre ellos ejerce el Estado provincial. El mismo recibió una réplica de la Subsecretaría de Hidrocarburos publicada como noticia en la página 8 de la edición del 16 y luego mediante un artículo de opinión del propio subsecretario, Héctor Mendiberri, el 25. En el primero de esos artículos se informa a la opinión pública que al finalizar el primer cuatrimestre de este año los fondos invertidos globalmente por todas las empresas en la provincia presentaban una sobreinversión del 42% y, en el caso particular de YPF, del 48%, datos de los que por ese medio nos enteramos y de los que no tenemos elementos para poner en duda. El informe termina diciendo que “la diferencia observada en YPF SA, en las inversiones ejecutadas según la información periodística publicada (nuestro artículo)… obedece a que se omitieron en el artículo periodístico mencionado las inversiones del acuerdo de Loma de la Lata en ese período, razón por la cual las afirmaciones vertidas en dicho artículo son incorrectas”. El pequeño detalle que omite el informe de la subsecretaría es que nuestro artículo se refiere al informe oficial cuatrimestral correspondiente –en el caso de YPF– a las ocho concesiones renovadas en el 2008, que es un caso distinto de las inversiones comprometidas en el acuerdo de Loma de la Lata; además, las cifras que presentamos como inversiones realizadas son las que provee ese informe oficial, por lo que para este caso no omitimos absolutamente nada. En el segundo artículo se insiste en tomar las cifras globales de las erogaciones realizadas, se asegura que hay buen control estatal y se habla de los ingresos que la renegociación de los contratos petroleros ha generado para el Estado provincial. Finalmente, se elogia la política seguida aclarando que “por primera vez en la provincia existe una política petrolera planificada”. Esta calificación es materia opinable y parece lógico que así opine quien, precisamente, es el responsable técnico y político de la misma. Podríamos objetar –siempre en el plano de lo opinable– que estaríamos mucho mejor económica y socialmente si la exploración y la explotación las hiciera una empresa nacional como fue la YPF estatal, de forma tal que los excedentes económicos generados por la actividad quedaran en la región y en el país. Como apoyo a esta posición existe abundante material comparativo de ambos sistemas (por ejemplo, en el libro de Adriana Giuliani y Nora Díaz “Petróleo y economía neuquina”), pero eso no fue el objeto de nuestra nota. Y conste que no rehuimos el debate, especialmente cuando se da con altura y respeto, como lo han hecho tanto la subsecretaría como el señor Mendiberri. Nuestra preocupación, planteada en la nota inicial, hace exclusivamente al informe oficial referido a las ocho concesiones prorrogadas por la ley 2615 –Cerro Bandera, Señal Cerro Bayo, Chihuido de la Sierra Negra, El Portón, Filo Morado, Octógono, Señal Picada-Punta Barda y Puesto Hernández– y se puede resumir en tres cuestiones que todavía están sin respuesta: 1) El compromiso asumido por YPF en el 2008 para esas ocho áreas como inversión en explotación entre ese año y el 2010 era de 880 millones de dólares mientras que, según lo informado oficialmente por la subsecretaría a la Legislatura, lo realmente erogado fueron 836,1 millones, lo que arroja una subinversión del 5%. 2) Los 880 millones comprometidos son complementarios a lo establecido en el acuerdo del 2000. Por eso hicimos una estimación (en base a un trabajo del ingeniero Luis Alberto Durán del 2008) de que el compromiso de inversión total en esas ocho áreas era de 1.272 millones de dólares, por lo que el supuesto déficit de inversión sería de 435,9 millones (un 34%). Ésta, reiteramos, no es más que una cifra estimativa y, por lo tanto, aproximada. 3) En las respuestas tampoco se informa sobre la inversión en exploración, tema crucial para el futuro de la provincia. YPF asumió con la prórroga del 2008 el compromiso de invertir un total de 104.335.000 dólares entre septiembre del 2008 y diciembre del 2027, lo que implica una erogación anual de 5,4 millones. Para el período septiembre 2008-abril 2010 serían 8,99 millones de dólares. Lo ejecutado, según el informe oficial, ascendió a 1,3 millones, es decir, el 14% de lo comprometido. ¿A qué se deben esas diferencias? Es lo que nos preguntamos en la nota y nos seguimos preguntando hoy. El artículo 11 de la ley 2615 establece que “el Poder Ejecutivo remitirá reportes de avance cuatrimestrales y un informe anual completo a la Legislatura provincial sobre el estado de ejecución y avance de todos los aspectos contenidos en los acuerdos relativos a las renegociaciones operadas bajo el marco de la presente ley”. Cuando los tengamos, la opinión pública estará bien informada y de esa forma se evitarán polémicas y malos entendidos. Rodolfo Canini Humberto Zambón Neuquén

Rodolfo Canini Humberto Zambón Neuquén


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