“Sobre los colaboradores”

En una calurosa tarde de febrero de 1978, un grupo de tres personas armadas irrumpió en mi casa de Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires. Revolvieron todo, me apresaron delante de mi familia y fui introducido en un Falcón verde. Por fortuna un tercero –cliente ocasional del suscripto– convenció al jefe de la patrulla de que no era un guerrillero y me dejaron en libertad. Que mediante averiguaciones supe que un vecino, colaboracionista de las fuerzas armadas, me había relacionado como nexo con el jefe de la guerrilla de Tucumán. Esto viene a cuento de la noticia publicada en el diario “Río Negro” con fecha 26/3/10 indicando que “…Canini y Soledad Martínez (FG) habían solicitado la separación de Koopman. ‘Ser colaboracionista no es un delito. Pero nosotros desde la Legislatura tenemos que dar un mensaje en defensa de la democracia’, expresó Martínez”. En la misma nota el diputado Sáez afirmaba que su asesor, esto es Daniel Koopman, “Me dijo que pensó que le había hecho un servicio a la patria”, agregando que no se desvincularía de su asesor. A su vez en el diario “La Mañana del Neuquén” de fecha 17/7/10 se indica: “Luego de que se diera a conocer que el diputado radical José Luis Sáez cuenta con un asesor en la Legislatura que integra la lista de informantes civiles del Destacamento de Inteligencia 182, dependiente del Batallón 601, se le inició sumario administrativo a Daniel Koopman”. Más adelante en la misma nota se informa: “Canini solicitó a los demás poderes del Estado que tomen medidas similares (…) para sancionar a las personas que ocultaron en la declaración jurada de ingreso el pago por los servicios de información por tareas de inteligencia durante la última dictadura militar”. Como ciudadano interesado en la catadura ética y moral de aquellos que nos gobiernan y nos gobernarán en un futuro próximo, habiendo vivido episodios como el que relaté al principio, adhiero absolutamente a la postura del diputado Canini en tanto postula que tal investigación se haga con amplitud en los todos los organismos del Estado como así también –agrega el que suscribe– en relación a las personas que integran comités u organismos similares de los partidos políticos, pues son ellos los que de una u otra manera detentan y detentarán el poder. Por lo expresado, así como el diputado José Luis Sáez –mandatario del pueblo– puede hacer lo que desee con sus colaboradores, siempre deberá tener como punto de referencia de sus actos la preocupación de sus mandatarios o representados y por ello aparecería prudente que hasta que culmine la investigación suspenda provisoriamente en el cargo de asesor al señor Daniel Koopman. Por último disiento con la afirmación de la diputada Soledad Martínez cuando afirma que ser colaborador no es un delito. Por supuesto que lo es y está contemplado en el art. 45 y disposiciones ss y cc. del Código Penal. Así la norma citada se refiere a aquellas personas que prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales el delito no habría podido cometerse y obviamente, sin la malvada delación de los “colaboradores” de la época del proceso militar, muchas atrocidades cometidas en ese tiempo no hubieran tenido lugar. La doctrina y jurisprudencia afirman que el colaborador recibirá la pena establecida para el delito que hubiera cometido. Consignando que: “El que presta al autor o autores principales un auxilio o cooperación indispensable para la ejecución del hecho es responsable como partícipe primario de todas las consecuencias producidas aunque no exista acuerdo previo de cada detalle del delito” (Sup. Trib. Just., Santiago del Estero, 6/9/99, Tevés, J.M. y otros, en Código Penal Anotado de Horacio Romero Villanueva). Todo lo expresado es de extrema importancia y gravedad; la investigación debe ser profunda y minuciosa para que en ningún caso el informante o colaborador participe de algún órgano de gobierno, cualquiera sea la jerarquía o responsabilidad que se le asigne. Héctor Luis Manchini DNI 7.779.947 Abogado San Martín de los Andes


En una calurosa tarde de febrero de 1978, un grupo de tres personas armadas irrumpió en mi casa de Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires. Revolvieron todo, me apresaron delante de mi familia y fui introducido en un Falcón verde. Por fortuna un tercero –cliente ocasional del suscripto– convenció al jefe de la patrulla de que no era un guerrillero y me dejaron en libertad. Que mediante averiguaciones supe que un vecino, colaboracionista de las fuerzas armadas, me había relacionado como nexo con el jefe de la guerrilla de Tucumán. Esto viene a cuento de la noticia publicada en el diario “Río Negro” con fecha 26/3/10 indicando que “…Canini y Soledad Martínez (FG) habían solicitado la separación de Koopman. ‘Ser colaboracionista no es un delito. Pero nosotros desde la Legislatura tenemos que dar un mensaje en defensa de la democracia’, expresó Martínez”. En la misma nota el diputado Sáez afirmaba que su asesor, esto es Daniel Koopman, “Me dijo que pensó que le había hecho un servicio a la patria”, agregando que no se desvincularía de su asesor. A su vez en el diario “La Mañana del Neuquén” de fecha 17/7/10 se indica: “Luego de que se diera a conocer que el diputado radical José Luis Sáez cuenta con un asesor en la Legislatura que integra la lista de informantes civiles del Destacamento de Inteligencia 182, dependiente del Batallón 601, se le inició sumario administrativo a Daniel Koopman”. Más adelante en la misma nota se informa: “Canini solicitó a los demás poderes del Estado que tomen medidas similares (…) para sancionar a las personas que ocultaron en la declaración jurada de ingreso el pago por los servicios de información por tareas de inteligencia durante la última dictadura militar”. Como ciudadano interesado en la catadura ética y moral de aquellos que nos gobiernan y nos gobernarán en un futuro próximo, habiendo vivido episodios como el que relaté al principio, adhiero absolutamente a la postura del diputado Canini en tanto postula que tal investigación se haga con amplitud en los todos los organismos del Estado como así también –agrega el que suscribe– en relación a las personas que integran comités u organismos similares de los partidos políticos, pues son ellos los que de una u otra manera detentan y detentarán el poder. Por lo expresado, así como el diputado José Luis Sáez –mandatario del pueblo– puede hacer lo que desee con sus colaboradores, siempre deberá tener como punto de referencia de sus actos la preocupación de sus mandatarios o representados y por ello aparecería prudente que hasta que culmine la investigación suspenda provisoriamente en el cargo de asesor al señor Daniel Koopman. Por último disiento con la afirmación de la diputada Soledad Martínez cuando afirma que ser colaborador no es un delito. Por supuesto que lo es y está contemplado en el art. 45 y disposiciones ss y cc. del Código Penal. Así la norma citada se refiere a aquellas personas que prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales el delito no habría podido cometerse y obviamente, sin la malvada delación de los “colaboradores” de la época del proceso militar, muchas atrocidades cometidas en ese tiempo no hubieran tenido lugar. La doctrina y jurisprudencia afirman que el colaborador recibirá la pena establecida para el delito que hubiera cometido. Consignando que: “El que presta al autor o autores principales un auxilio o cooperación indispensable para la ejecución del hecho es responsable como partícipe primario de todas las consecuencias producidas aunque no exista acuerdo previo de cada detalle del delito” (Sup. Trib. Just., Santiago del Estero, 6/9/99, Tevés, J.M. y otros, en Código Penal Anotado de Horacio Romero Villanueva). Todo lo expresado es de extrema importancia y gravedad; la investigación debe ser profunda y minuciosa para que en ningún caso el informante o colaborador participe de algún órgano de gobierno, cualquiera sea la jerarquía o responsabilidad que se le asigne. Héctor Luis Manchini DNI 7.779.947 Abogado San Martín de los Andes

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