Sobreseen a imputados en caso de defraudación en La Angostura

VILLA LA ANGOSTURA (AVLA)- El juez Jorge Videla sobreseyó al empresario Wálter Luzzardi, titular de Codistel SA y el jefe del EPEN local, Javier Abraham por defraudación a la administración pública y la fiscalía, a cargo de Juan Pablo Balderrama, apeló el falló. Ahora será la Cámara la que resuelva la situación procesal de los imputados. En tanto el intendente Roberto Cacault en representación del municipio desistió como querellante en la causa por considerar que no hubo delito.

En su resolución el juez Videla da por probado que un informe erróneo del EPEN respecto de la cantidad de medidores que tenía la localidad -variable de ajuste utilizada para la facturación por el servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos- generó un perjuicio económico al municipio durante el período de julio-diciembre de 2006 de $68.906.

No obstante, desestima la intencionalidad, de que se trató de una maniobra defraudatoria y atribuye la irregularidad a un “error”.

Fundamenta la conclusión en que durante 10 años que duró la relación (el primer contrato estuvo a nombre de otra compañía, y en agosto de 2003 Codistel celebró otro) en varias ocasiones hubo “errores” en el cálculo de medidores informados por el EPEN, y en muchos de esos casos, afirma el juez, los errores fueron a favor del Municipio.

Específicamente, la imputación de la fiscalía apuntaba a un informe firmado por Abraham en agosto de 2006 donde informaba un total de 4.218 medidores, cuando en realidad había 3.762. La diferencia provocó que durante esos seis meses el Municipio pagara unos 10 mil pesos de más, monto que en esa época tenía un valor nominal muy superior al actual.

El fiscal Balderrama apeló el fallo y sostuvo que “se basa en la arbitraria y aparente motivación que fuera base de la solución adoptada y a la errónea aplicación de las reglas de la lógica en el análisis de la prueba producida hasta el presente”.

En los fundamentos refutó la afirmación del magistrado respecto de que la diferencia en la cantidad de medidores se había producido en distintos informes y durante varios años, algunos beneficiando al Municipio, otros a la empresa. Balderrama indicó que la pericia oficial arrojó que desde el 2003 al 2006 sólo en el período julio-diciembre de 2005 la diferencia favoreció al Municipio en un monto del 0,1%.

La fiscalía afirma además que en el 2007 también los informes del EPEN indicaban cantidades superiores de medidores, pero que en el contrato de prórroga no quedó determinada que sería la única variable de ajuste, por lo cual, ese período no fue tomado en cuenta por el fiscal para la imputación.