Sobresueldos: 11 exfuncionarios camino al juicio

Elevaron la causa por los pagos en la gestión radical. González y Picchi no fueron incluidos en esta etapa.

RÍO NEGRO

VIEDMA (AV).- La denominada causa de los “sobresueldos” en la que se encuentran imputados varios exfuncionarios del gobierno rionegrino fue elevada a juicio. Así lo resolvió el juez penal Favio Igoldi en la causa caratulada “González Francisco Javier y otros S/ Peculado”.

Lo hizo, respecto de Diego Larreguy, César Barbeito, Juan Accatino, Omar Contreras, Aníbal Hernández, Alberto Carosio, Daniel Bossero, Cristina Uría, José Ongaro, Sergio Pendaz y Alfredo Pega, todos con procesamientos ratificados.

Desde la Justicia se aclaró que esta elevación no incluyó a Gustavo Picchi sobre quien aún se encuentra pendiente de resolución un incidente en trámite referido a un pedido de prescripción, así como en el caso de Francisco González, que aún no ha completado los requisitos exigidos.

Esta causa se inició en 2011, tras una investigación del “Río Negro”. Ahora todo pasará a la Cámara Criminal de Viedma para que inicie los trámites vinculados al llamado a juicio oral y público.

A principios de mayo del año pasado la Cámara Penal confirmó los procesamientos contra los 13 exfuncionarios, detallando que “el pago de sobresueldos -entre 2004 y 2010 por un monto total de 26.814.360 pesos- por el que no se rindió cuentas como era debido, pasó de ser discrecional a arbitrario al perseguir otros fines que los normativamente fijados”.

A Barbeito y González se les imputó el delito de “peculado”; a Bossero y Picchi “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no haber controlado, y a los restantes participación necesaria en “peculado”.

El Tribunal sostuvo que las resoluciones fueron dictadas, las órdenes de pago libradas y los cheques cobrados. No obstante consideró controvertida la legalidad del sistema y consecuentemente la adecuación de las conductas de los imputados en los tipos legales atribuidos. El fallo indica que la mayoría de los imputados dieron explicaciones defendiendo el sistema, pero agrega que si la resolución 61/04 firmada por Barbeito como ministro de Coordinación, pudo tener un tinte de legitimidad al otorgar la bonificación, “esa legitimidad hizo agua a la hora de ser implementada, puesto que no permitió el debido control con lo cual, en un sistema de hecho, quien resolvía el pago del adicional podía disponer a su libre arbitrio de una importante suma de dinero que todos los meses recibía personalmente”.

En la confirmación de los procesamientos se señaló que se trató de un sistema donde quedaba en cabeza del ministro o el secretario una cantidad público, destinado a una bonificación salarial pero “con absoluta libertad y con prescindencia de toda forma o motivo, pudiéndose beneficiarse a si mismo en más o en menos y beneficiar a los demás funcionarios o incluso empleados, sin sujeción a ningún parámetro reglamentario”.

Lo que ventiló “Río Negro”

• El secretario general de la Gobernación, Francisco “Ringo” González, se fijó durante siete años -a sí mismo y a los demás ministros de la gestión Saiz- sobresueldos por encima de los haberes que tenían establecidos.

• González percibía 30 veces más de lo que le correspondía por haber oficial

• El ministro que más cobraba -aunque tres veces menos que González- era Diego Larreguy, titular de Gobierno.

• La maniobra se hizo desde principios de 2004, a través de resoluciones que no se publicaron en el Boletín Oficial.

• Desde que se creó el “suplemento”, se ha pagado un total de más de 24 millones. Sólo en 2010 fueron $ 5.678.800.

• Todos los meses variaba la suma de los sobresueldos. Se advertía un constante aumento.

• Los sobresueldos estuvieron disimulados en el Presupuesto en una partida ambigua -la 394 llamada “Gastos de función jurisdiccional sin discriminar. Suplemento personal por dedicación exclusiva funcional por servicios prestados por autoridad superior del Poder Ejecutivo Provincial”-, hasta que el entonces gobernador, Miguel Saiz, decidió a fines de 2009 incluirla en otra más genérica aún: la 159, llamada “Otras asignaciones al personal”, que en el Presupuesto 2010 contuvo los $ 5.678.800, más tres millones por otros conceptos.

• Las resoluciones fijaron todos los meses el plus, pero sólo la Legislatura podía entender en la fijación de salarios. Además se violó el artículo 189 de la Constitución rionegrina que prescribe que los sueldos de los ministros “no pueden ser alterados en su valor económico durante el ejercicio de su función”. No obstante, estas resoluciones fueron emitidas bajo apariencia reglamentaria.

• Se eludieron los órganos de control. Tampoco se conoció que, mientras los cobraba, cada ministro haya hecho rendiciones tal como se cita en las resoluciones mensuales.


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