Sobresueldos: a juicio exfuncionarios de la gestión Saiz

JUDICIALES

La denominada causa de los “sobresueldos” en la que se encuentran imputados exfuncionarios del gobierno rionegrino fue elevada a juicio. Así lo resolvió el juez penal Favio Igoldi en la causa caratulada “González Francisco Javier y otros S/ Peculado”.

Lo hizo, respecto de Diego Rodolfo Larreguy, César Alfredo Barbeito, Juan Manuel Accatino, José Omar Contreras, Anibal Fructuoso Hernández, Alberto Carosio, Daniel Rodolfo Bossero, Cristina Lliana Uría, José Eugenio Ongaro, Sergio Alberto Pendaz y Alfredo Daniel Pega, imputados todos con procesamientos ratificados.

Desde prensa del Poder Judicial se aclaró que esta elevación no incluyó a Gustavo Adolfo Picchi sobre quien aún se encuentra pendiente de resolución un incidente en trámite referido a un pedido de prescripción, así como en el caso de Francisco Javier González, que aún no ha completado los requisitos exigidos.

Esta causa judicial se inició en 2011tras una investigación del diario “Río Negro”. Ahora todo pasará a la Cámara en lo Criminal de Viedma para que inicie los trámites vinculados al llamado a juicio oral y público.

Casi 27 millones de pesos.

A principios de mayo del año pasado la Cámara Penal confirmó los procesamientos dictados contra los 12 exfuncionarios rionegrinos, detallando que “el pago de sobresueldos -entre 2004 y 2010 por un monto total de 26.814.360 pesos- por el que no se rindió cuentas como era debido pasó de ser discrecional a arbitrario al perseguir otros fines que los normativamente fijados”.

A Barbeito y González se les imputó el delito de “peculado”; a los contadores Bossero y Pichi “incumplimiento de los deberes de funcionario pùblico” por no haber controlado, y a los restantes participación necesaria en “peculado”.

El Tribunal sostuvo que las resoluciones fueron dictadas, las órdenes de pago libradas y los cheques cobrados. No obstante consideró controvertida la legalidad del sistema y consecuentemente la adecuación de las conductas de los imputados en los tipos legales que se les atribuyeron.

En este sentido detallaron que la mayoría de los imputados dieron explicaciones defendiendo el sistema implementado pero agregaron que “si la resolución 61/04 firmada por quien ocupaba en ese momento el ministerio de Coordinación, César Barbeito, pudo tener un tinte de legitimidad al otorgar la bonificación, esa legitimidad hizo agua a la hora de ser implementada, puesto que no permitió el debido control con lo cual, en un sistema de hecho, quien resolvía el pago del adicional podía disponer a su libre arbitrio de una importante suma de dinero que todos los meses recibía personalmente”.

En la confirmación de los procesamientos se señaló que se trató de un sistema donde quedaba en cabeza del ministro o el secretario una cantidad de dinero del erario público, destinado a una bonificación salarial pero “con absoluta libertad y con prescindencia de toda forma o motivo, pudiéndose beneficiarse a si mismo en más o en menos y beneficiar a los demás funcionarios o incluso empleados, sin sujeción a ningún parámetro reglamentario”.

DeViedma