Sobresueldos: la Justicia avanza pero los listados no aparecen

VIEDMA (AV).- El gobierno persistía anoche en su postura de guardar secreto sobre los supuestos listados de funcionarios que cobran sobresueldos.

Otro día transcurrió y ninguna respuesta hubo al reclamo de “Río Negro” de conocer quiénes son, cuánto perciben, cómo y cuándo lo hicieron los beneficiarios de adicionales de la planta política del Ejecutivo.

Tampoco se cumplió la promesa del secretario general de la Gobernación, Francisco González, de llevar esas nóminas a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (ver pag. 9).

Mientras tanto, la investigación judicial avanzaba.

Ayer, el fiscal encargado del control y seguimiento de la causa, Marcelo Álvarez, calificó como “positivos” los allanamientos desarrollados el miércoles desde la tarde hasta entrada la noche, en los que se secuestraron voluminosos expedientes de la Secretaría General de la Gobernación y algunos documentos de la Tesorería y la Contaduría General de la provincia.

En el primero de los organismos se habría incautado el expediente en el que -a través de resoluciones periódicas- se determinarían los suplementos mensuales y los montos a percibir por cada uno de los beneficiarios. También se secuestraron varias resoluciones.

En la Contaduría se solicitaron las órdenes de pago emitidas durante los ejercicios 2004 a 2009 y en Tesorería, los correspondientes comprobantes de cada una de las cancelaciones. Álvarez y el juez Carlos Reussi continuaban ayer analizando esa información para determinar los organismos en los que se encuentran los expedientes mediante los cuales se tramitó la partida de los sobresueldos. No se descartaban que se constituyeran nuevamente en algunas de las dependencias oficiales.

También se disponían a solicitar a los operadores del Sistema de Administración Financiera y Contable (SAFyC) planillas con los detalles de los pagos realizados, como también al Banco Patagonia.

El escrito que llegó al juez

Este medio pudo conocer en parte los términos de la promoción de acción penal que presentó directamente la procuradora general, Liliana Piccinini, ante el juez Reussi, luego de que el viernes pasado el legislador Martín Soria radicara ante ella una denuncia en la que detalla estos presuntos delitos.

Entre los hechos motivadores del impulso de acción, Piccinini habría considerado que durante el ejercicio 2010 se habría procedido al pago de 8.672.255,91 en concepto de “suplementos en dinero a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo por dedicación exclusiva funcional”, mediante la partida N° 159.

Otro hecho, en tanto, sería el perpetrado a través de la partida 394 destinada a “Gastos de función jurisdiccional sin discriminar, suplemento personal por dedicación exclusiva funcional por servicios prestados por autoridades del PE” desde 2004 a 2009.

Esos montos ascendieron desde alrededor de 2,5 millones a 4,8 millones año a año, totalizando 18.775.710 pesos. En tercer lugar, se reprocha la falta de control e incumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios competentes.

Los dos primeros hechos habrían sido calificados como “peculado”, delito por el cual se reprime la acción de “sustraer bienes de la tenencia con que en el ámbito de la administración han sido colocados por las leyes”.

Un elemento clave al que apunta la investigación es la condición de “haber” que tenían esos pagos.

Según la normativa vigente, esas cancelaciones deben hacerse mediante el pertinente depósito o transferencia a la cuenta sueldo del destinatario.

El concepto de “dedicación exclusiva”, afectado vía la partida 159, cuyo objeto es “otras asignaciones al personal”, como también el de “gastos de función jurisdiccional sin discriminar -suplemento personal por dedicación exclusiva funcional” que se tramitó por la partida 394 “aun cuando se les pretenda otorgar carácter no remunerativo o no bonificable, integran el haber o salario”, consignaría un párrafo de la promoción de acción penal.

INVESTIGACIÓN