Sociedad maniatada

Difícilmente la sociedad rionegrina pueda resignarse ante la evidencia de que, en el conflicto cíclico entre el gremio docente y el gobierno provincial, el resto de la comunidad es un testigo impávido.

Algo así como el público que, desde las tribunas, asiste a un partido de tenis, girando las cabezas hacia uno y otro extremo del campo de juego, viendo cómo un contrincante devuelve la pelota esta vez suavemente, aquélla con violencia, sin que nada se defina en el interminable intercambio de reveses y boleas.

Lástima que, en este juego, parte del público son los alumnos que, generación tras generación, llegan, duran y se van del sistema educativo sin ver que las cosas se resuelvan.

Nadie dice que la cosa sea sencilla. Pero cuesta admitir que las partes no hayan podido aún encontrar una metodología que les permita ir construyendo soluciones y mejoras, en lugar de blandir acusaciones una a la otra, con poco y nada de autocrítica, y mirando siempre la paja en el ojo ajeno como argumento para soslayar cualquier modificación de las propias conductas.

Hay algunas verdades incontrastables, y otros hechos que no son como los pinta uno ni otro sector.

– Entre las verdades de puño, la principal es que el sueldo de los docentes es escaso, escasísimo. En nada refleja que haya sido cierta la pretendida prioridad que los sucesivos gobiernos dijeron haber dedicado a la educación.

De esto deviene que el gobierno debería revisar cada gasto del Estado con un criterio exhaustivo, para determinar aquellas partidas que, por no ser tan necesarias o por no ser ejecutadas con eficiencia, pudieran generar ahorros capaces de ser destinados a mejorar el ingreso de los educadores. Aun cuando esas partidas desmantelaran «nichos» del clientelismo o el privilegio. No se puede pensar que personas que tienen a su cargo tarea tan importante como educar no reciban una remuneración suficiente para cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda digna, lectura, capacitación, que requiere su profesión.

– Otra verdad es que el dinero no es el único problema de la educación pública en Río Negro. Ni el de los sueldos, ni el de los edificios. Así, es de temer que, aun cuando aumentara el presupuesto en forma considerable, la calidad de la educación rionegrina no mejoraría por ello. Y, como contrapartida, muchas cosas podrían mejorar sin gastar un solo centavo.

En este punto, es evidente que los sucesivos conflictos han causado un desaliento generalizado y una sensación de que los incumplimientos de otros son suficiente argumento para justificar los propios. Como el Estado sabe que no cumple con dar buenas condiciones laborales a los docentes, no se siente moralmente habilitado para exigir el cumplimiento a rajatabla de las normas. Y funcionarios o directivos que no han sido modelo de eficiencia, mal pudieron ser la vara que midiera a los demás.

El cruce de acusaciones fue la marca de la semana: el gremio se ofuscó cuando este diario publicó una investigación propia sobre los excesos ilegítimos en que incurre cierto número de docentes al tomar licencias sin motivos reales. El gobierno se regodeó con un tema que, indirectamente, le jugaba a favor. Y el gremio «contraatacó» señalando excesos de funcionarios con viáticos. Todo, en medio de la tensión que genera la negociación salarial. Y sin que nada de esto permita, por sí solo, mejorar el funcionamiento del sistema educativo: árboles, árboles, árboles, en las narices de un bosque que aún sigue inexplorado.

Otra verdad:

– No hay ningún antecedente que indique que un paro mejora las posibilidades del gremio docente para aumentar su salario. En general, sus efectos son la pérdida de unos cuantos días de clase (en ocasiones, meses) y dirigentes golpeados o fortalecidos, según la poca o mucha gente que acuerde no asistir a su trabajo.

Los perjuicios para los alumnos nunca se reparan, la promesa de recuperación de clases queda en eso y los contenidos curriculares se van «tachando» del programa, como las categorías difíciles en la Generala.

– Otra más: El gobierno está en su derecho de anunciar que no pagará los días de paro a los docentes que no concurran a clases. Pero amenazar con que no les pagará en abril los 50 pesos de incentivo a quienes hayan adherido al paro en marzo es una medida de legitimidad más que dudosa, además de una bravuconada ofensiva para profesionales universitarios que sólo piden que se les devuelva su salario, muy inferior al que percibe el personal de maestranza de otros poderes del Estado.

– Hay más hechos indiscutidos: El gobierno ha detectado la brecha de opiniones que existe entre los docentes, agremiados o no. Más allá de que todos coinciden en que los sueldos deben subir, no son muchos los docentes que coinciden con el modo en que Aurelio Vázquez ha comandado la Unter. Y, de hecho, son varias las seccionales que no le «responden» en términos políticos. Un dato significativo es que, el año pasado, las bases sindicales votaron como vocal gremial del Consejo Provincial de Educación a Héctor Roncallo, de otra línea mucho más moderada. Y, en este conflicto, el gremio opera sobre esa grieta, buscando ensancharla con miras a la renovación de autoridades de la Unter.

De todos modos, nadie duda de que el acatamiento será más alto en el Alto Valle y Bariloche que en otras regiones, y que -si no lo es más- será porque muchos docentes no están humanamente en condiciones de afrontar un descuento que implica comida para sí mismos o para sus hijos. Por ello, todo análisis cuantitativo pecará de simplista y dejará fuera muchos aspectos de una problemática sensible y compleja.

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar