En Río Negro proponen actualizar el Código Procesal Civil y Comercial
Para los autores de la iniciativa la reforma "resulta indispensable" para que la provincia siga "a la vanguardia en la ampliación de derechos y en la mejora de los procedimientos".
Lucas Pica y Facundo López integran el Consejo de la Magistratura por el bloque oficialista. Archivo
Los legisladores del bloque oficialistas Lucas Pica y Facundo López presentaron dos proyectos de ley para actualizar, «en función de las demandas actuales», el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro.
Mediante el primero los parlamentarios proponen la creación de una comisión Interpoderes para iniciar un proceso participativo que desemboque en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, la que deberá estar integrada por representantes de los Poderes Judicial y Ejecutivo, por los miembros de los cuatro Colegios de Abogados de la provincia e integrantes de los distintos bloques legislativos.
El segundo proyecto incluye los aspectos que consideran más destacados a modificar del actual ordenamiento jurídico procesal civil y en tal sentido se desprende que esos aspectos deberán permitir acortar los plazos y simplificar los procedimientos.
La iniciativa contempla la despapelización y digitalización del proceso, la perspectiva de género en las decisiones judiciales, la migración hacia el Código Contencioso Administrativo de las ejecuciones fiscales, el control de convencionalidad, la posible suspensión de la obligatoriedad de la audiencia preliminar y la adecuación del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Río Negro al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, a la Ley provincial de métodos autocompositivos de resolución de conflictos y al nuevo Código Procesal Laboral de la provincia.
Los parlamentarios afirman que «la idea es iniciar un proceso similar al que iniciamos con el nuevo Código Procesal Laboral de la provincia de reciente implementación que ha puesto una vez más a Río Negro a la vanguardia en la ampliación de derechos y en la mejora de los procedimientos».
Los cambios propuestos por los legisladores
Para los parlamentarios se debería tener en cuenta «por un lado la sanción de diversas leyes procedimentales provinciales, tales como: Ley P N° 5450 que regula los Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, Ley P N° 5396 Código Procesal de Familia y la normativa que modifica íntegramente la Ley de Procedimiento Laboral; sin perjuicio de la entrada en vigencia, en el año 2015, del nuevo Código Civil y Comercial, a nivel Nacional» y por otro «la introducción de la tecnología y las nuevas modalidades de litigación y resolución de los conflictos, todo lo cual se ha visto reflejado también en la administración de justicia».
Explican que el proyecto presentado «es una respuesta a las nuevas necesidades de alcanzar una justicia más cerca de las personas y con amplias facultades de los jueces y juezas como directores del proceso para arribar a una sentencia más efectiva y en menor tiempo».
Resaltaron también «la incorporación de obligaciones tales como realizar el control de convencionalidad, cuando una norma jurídica o acto de autoridad pública resulten en el caso manifiestamente contrarios a las normas superiores, sumado a la obligatoriedad de realizar un abordaje judicial con Perspectiva de Géneros en las situaciones que involucren los derechos de mujeres, diversidades y/o disidencias con el objeto de garantizar la igualdad y el acceso a justicia y de evitar análisis que pueden resultar estandarizados, simplificados y/o sesgados en base a prejuicios y/o estereotipos de género».
Por eso dicen que «resulta indispensable» reformar «la Ley P N° 4142 y la modificación de los artículos 7, 12, 13, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Código Procesal Administrativo».
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