Sólo 5 de 75 crímenes de lesa humanidad fueron condenados en Río Negro

La inmensa mayoría de las víctimas eran hombres, según un relevamiento provincial.

Un relevamiento difundido ayer por la secretaría provincial de Derechos Humanos demuestra que entre 1973 y 1983 desaparecieron 57 rionegrinos y otros 18 fueron asesinados por el terrorismo de Estado.

El informe subraya que 6 de los 75 hechos documentados ocurrieron antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y que la mayor parte de las víctimas fueron hombres (75%) y menores de 25 años (el 56%).

Otro dato saliente es el manto de impunidad que cubre a la gran mayoría de los casos, ya que apenas un 5 de esas desapariciones y asesinatos derivaron en una condena penal. Catorce están con procesos abiertos, mientras que otros 56, el 75% de los casos, “no fueron incluidos en ninguna causa judicial o aun no han tenido tratamiento”.

El informe fue dado a conocer por la delegada de la secretaría Derechos Humanos en la zona Andina, Jimena Palópoli, quien explicó que sólo algunos de los crímenes se produjeron en territorio provincial, donde hay registro de 2 personas asesinadas y 16 desaparecidas.

La mayor parte se trata de rionegrinos (muchos de ellos estudiantes) que fueron alcanzados por el aparato represivo en otros puntos del país.

El criterio para el estudio fue incluir en el listado a personas “cuya historia de vida guarde una relación significativa con la provincia”, porque nacieron o vivieron en la jurisdicción.

Permanente revisión

Palópoli y la psicóloga Carolina Saldivia aclararon como firmantes del trabajo que su contenido “se encuentra en proceso permanente de revisión”, y debido que “los únicos que conocen verdaderamente el número de desapariciones forzadas son los propios responsables de ese delito, la cantidad de personas desparecidas es indeterminada, parcial y provisoria”.

Según Palópoli, esa parcialidad se debe a que “día a día” aparecen nuevas denuncias. “Si bien últimamente se estuvo cuestionando un poco el número de desaparecidos que hubo en el país, que es de 30 mil –afirmó–, sabemos que es un número indeterminado”.

Recordó que en 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) había registrado unas 9.000 desapariciones y que “a lo largo de todos estos años se fueron sumando” nuevos casos. La funcionaria dijo que “se calcula que por cada denuncia que se hizo hay dos que no se hicieron y por eso el número de 30 mil”.

De los 75 casos relevados, el 55% se produjo en el Alto Valle, el 20% se registraron en la zona Andina, un 13% en la zona Atlántica y en un 11% tuvieron como escenario sitios del Valle Medio.

En el recorte por ocupación, el 20% de las víctimas eran estudiantes universitarios, el 15% obreros y empleados y el 13% profesionales. El resto se distribuye en docentes, estudiantes secundarios y conscriptos, entre otras categorías.

En la provincia fueron identificados 14 sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención.

Uno de esos centros era la cancha de paleta de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche, en el kilómetro 9 de la avenida Bustillo, que luego de largas gestiones quedó señalizada en junio pasado con cartelería específica.

Jóvenes

“Me ponían el caño del fusil en la cabeza y gatillaban”, contó Molina

Iván Molina tenía 27 años, una activa militancia peronista y también un compromiso con el sindicato gastronómico, donde se desempeñaba como adjunto en la secretaría gremial. Había pasado apenas un mes del golpe del 24 de marzo cuando la Policía provincial lo detuvo en plena vía pública, a metros del Centro Cívico.

Lo que empezó como un procedimiento que parecía de rutina terminó con un traslado a la Escuela Militar de Montaña, dependiente del Ejército. “Cumplimos órdenes” le dijeron sus captores.

A la guardia de la escuela ingreso esposado y allí le vendaron los ojos, situación que se mantuvo durante los casi 30 días que duró su cautiverio. “No me golpearon, pero igual la pasé muy mal, por el frío y porque casi no nos daban agua ni comida, sólo a veces unos fideos fríos –recordó ayer Molina–. Llegué a perder como 20 kilos. El día que me largaron un militar me prestó un cinto, porque se me caía el pantalón”.

En los interrogatorios le preguntaban por la actividad del gremio y por supuestos vínculos con grupos guerrilleros. “En nuestro gremio no había nada de éso –aseguró–. También insistían en saber sobre los abogados que nos asesoraban, Rubén Marigo y Ariel Asuad”.

Varias veces Molina sintió en la noche un taconeo militar que se acercaba, el caño de un arma cerca de su cabeza y un dedo que apretaba el gatillo, sin disparo ni proyectil. Estaba convencido de que iba a terminar asesinado y “desaparecido”, como ocurría con tantos en aquellos años.

El exdirigente gastronómico vive hoy en el barrio 3 de Abril y hay algo que lo incomoda cuando lo requieren para recordar su historia cada 24 de marzo.

“El argentino es muy particular. Acá matan a alguien, hacen algunas marchas y a las pocas semanas todo se olvida. Es como si se hubiera legalizado el delito. Lo mismo que pasa para esta fecha”, afirmó.

También entiende las razones de quienes se guardan lo ocurrido y no denuncian. En su opinión, “el Estado se acuerda ahora, pero durante muchos años no hubo una política clara. Algunos secuestrados se murieron y los familiares no siguieron los casos”. Dijo que también influyó la desaparición en democracia de Jorge Julio López. “Lo hicieron declarar y después no lo cuidaron –recordó–. Eso lo hace pensar al ciudadano común ¿valdrá la pena?”.

El campo de concentración que funcionó en Bariloche

La certeza sobre la existencia de un centro de detención ilegal en la Escuela Militar de Montaña no se complementó hasta ahora con una reconstrucción exhaustiva del listado de prisioneros que pasaron por el lugar.

Hay testimonios de que la cancha de pelota albergó a unas 70 personas, pero la secretaría de Derechos Humanos sólo tiene constatados 15 nombres y mantiene una activa búsqueda para identificar a los restantes.

Entre los que permanecieron varias semanas con los ojos vendados en ese campo clandestino figuran el histórico dirigente del Soyem Germán González y también el gastronómico Iván Molina.

Este último recordó que cerca suyo pudo identificar a “un hombre que era de El Bolsón, de apellido Debita, que tenía una librería. Era bastante mayor y lo picanearon mucho”. Según se enteró, el hombre “murió en los años 80” y es uno de tantos cuyo rastro se pierde sin que nadie lo rescate.

Datos

19 a 25 años
tenía el 52% de los rionegrinos que fueron secuestrados o asesinados entre 1973 y 1983, según el relevamiento.

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