Amparo ante la mortandad de peces en el río Limay

Una asociación de pesca lo presentó contra la AIC, Petrobras y Secretaría de Energía. Culpan a las graves oscilaciones en las erogaciones de Pichi Picún Leufú.

La Asociación de Pesca con Mosca de Neuquén interpuso un amparo ante la justicia federal, contra la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, la empresa Petrobras y la Secretaría de Energía de la Nación, reclamando que «se abstengan de operar la central de Pichi Picún Leufú bajo las condiciones actuales, que están ocasionando daño ambiental».

El recurso apunta a prevenir «un daño inminente consistente en la mortandad de peces y otras variedades de fauna en el río Limay, en un tramo de 50 kilómetros por debajo de la presa de Pichi Picún Leufú», sostienen los reclamantes, patrocinados por el abogado Fermín Temi.

A la secretaría de Energía y a la AIC, además, el escrito presentado ante la jueza Carolina Pandolfi les endilga «no ejercer la obligación de actuar en ejercicio del poder de policía ambiental».

El planteo surgió a raíz de las bruscas oscilaciones que presenta el caudal del río Limay como consecuencia de la operación de la represa de Pichi Picún Leufú, debido a las necesidades de generación hidroeléctrica que provoca la crisis energética que afecta al país.

Atribuyen el problema denunciado al funcionamiento extraordinario de las centrales hidroeléctricas, que han utilizado hasta 1.000 metros cúbicos de agua por segundo, para pasar bruscamente a operar por debajo del «caudal ecológico», fijado en 190 metros cúbicos.

Ello hace que con la bajante los peces queden atrapados en lagunas, las cuales se secan rápidamente dada la permeabilidad del suelo, causando la muerte de los especímenes.

En épocas de operación normal las bajantes son paulatinas y la reposición de agua se produce antes de que se sequen las lagunas, lo cual no ocurre con los embalses en niveles tan bajos.

El perjuicio afecta a su vez a las camas de desove y sitios de reproducción, aumentando los efectos dañinos.

En la presentación recuerdan que en el cauce abundan peces autóctonos, como percas, pejerreyes patagónicos y puyenes, mientras que las especies de mayor valor deportivo son la trucha arco iris y la trucha marrón.

Los demandantes sostienen que «esta acción tutelar tiene como origen el testimonio de guardafaunas de la provincia del Neuquén, como también de guardapescas de la provincia de Río Negro, quienes habiendo transmitido estas novedades a sus superiores, habrían generado un enérgico reclamo formal por parte de las Autoridades provinciales ante la AIC, no obstante lo cual la situación de daño ambiental sigue produciéndose, sin que los responsables del manejo hayan revertido la acción dañosa».

Entre otras medidas probatorias reclaman la inmediata citación a testimoniar «no sólo de los principales responsables de las áreas de contralor de recursos Faunísticos de Neuquén y de Río Negro, Adalberto Urrutia y Raúl Roa, sino también de los guardafaunas y guardapescas de ambas provincias: Miguel León y Enrique Aroca, éste ultimo además, poblador de la localidad de Naupa Huen, quienes han tenido contacto personal con el daño denunciado, habiendo inclusive conservado congeladas especies de salmónidos muertos con picaduras de aves que denotan el tiempo que los mismos han quedado expuestos».

Los demandantes afirman también que «existiendo un daño la consecuencia es su necesaria reparación, por lo que se deberá determinar su cuantificación a los fines de que, quien lo ha provocado y -máxime- ha lucrado económicamente con la actividad dañadora, tiene el deber de recomponer y reparar o al menos intenten paliar las consecuencias denunciadas, mediante la orden de resembrado de peces en relación directa a la mortandad producida».


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