Sólo 309 se jubilarían dentro del “blanqueo” estatal

Provinciales

Apenas 309 agentes rionegrinos decidieron adherir al Régimen Voluntario de Regularización de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social que les permitiría jubilarse desde el año próximo, según la Comisión de Evaluación que integran la Secretaría de la Función Pública y la seccional Río Negro de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

El gobierno provincial había expresado la voluntad de beneficiar a esta franja, y a este fin estableció ese mecanismo sin afectar la previsibilidad financiera de la Provincia. Por ese motivo emitió en junio pasado el Decreto N° 664 para normalizar la situación.

En ese marco, el Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado facultó al Poder Ejecutivo Provincial a regularizar aportes y contribuciones correspondientes a los conceptos no remunerativos contenidos en los haberes de los agentes activos del Poder Ejecutivo Provincial desde la vigencia de la Ley N° 4640. Esta norma que finalmente no se aplicó fue promulgada en abril de 2011 estableciendo para el personal del Poder Ejecutivo provincial -comprendido en 50 años para las mujeres y 55 para los hombres-, la incorporación de todos sus adicionales como sumas remunerativas sujetas a aportes. Ante la falta de aplicabilidad, el Estado rionegrino perdió varios juicios laborales ante la falta de reconocimiento de aportes, y por lo tanto se dio lugar al Decreto 664.

Mónica Miranda, integrante de esa comisión por parte del principal gremio estatal, consideró ante DeViedma que aún los 309 anotados al cierre del 15 de setiembre pasado, esa cifra “estaba dentro de nuestras expectativas, y las consideramos razonables” ya que se trata de la primera vez y “algunos tenían cierto temor”. Esta última referencia está ligada con que algunos estatales con buen sistema de ingresos (que perciben adicionales en la actualidad en algunos organismos) perderían posiciones salariales si decidían ahora cambiar a pasividad.

Miranda insistió en que ese número de estatales que están en condiciones de continuar con los trámites “no son sólo voluntarios sino que también expresaron su convicción” de adherir a este mecanismo.

Las solicitudes iniciales debían presentarse inicialmente hasta el 31 de agosto pero con sólo 160 inscriptos al primer corte, el gobierno postergó el cierre al 15 de setiembre. Desde Función Pública se había alentado la posibilidad de que la adhesión podría rondar entre 750 y 800.

En los trámites complementarios que faltan, Función Pública está determinando el período a rectificar y el monto de la deuda resultante de aportes a la seguridad social. El período rectificado no podrá ser anterior a abril de 2011 o la fecha de ingreso del beneficiario, la que sea posterior.

Luego el Ministerio de Economía de Río Negro debe formalizar acuerdos individuales de pago de los solicitantes, pudiendo éstos cancelar la deuda ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hasta en 84 cuotas. Posteriormente a estas diligencias, los adherentes deberán iniciar los trámites jubilatorios en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de su notificación.

DeViedma