Sólo 38 presos en condiciones de salir

NEUQUEN .- Apenas 38 presos, el 5 por ciento del total de detenidos que hay en la provincia, quedarían en condiciones de recuperar su libertad si se aplicara en forma automática el indulto del gobernador Felipe Sapag.

Ninguno de esos detenidos cumple condena por delitos graves sino que se encuentran en etapas de confianza y con penas cortas, aunque hay un condenado a prisión perpetua que en pocos meses estaría en condiciones de salir a la calle.

La divulgación del decreto cosechó ayer un amplio rechazo, e incluso una opinión crítica del ministro del Interior, Carlos Corach. «La situación en las cárceles es muy delicada, el gobierno de la provincia tendría que haber consultado al Consejo de Seguridad Interior», dijo en tono de reproche.

La norma legal tendrá vigencia una vez que sea publicada en el Boletín Oficial, lo cual ocurrirá el próximo 10 de diciembre, justo el día que Sapag transferirá el mando a Jorge Sobisch.

La cifra sobre la cantidad de presos en condiciones de recuperar su libertad por el indulto fue suministrada a «Río Negro» por el comisario general Ramón Rodríguez, director provincial de Políticas Penitenciarias.

Si se tiene en cuenta que hay unos 350 presos con condena sobre casi 700 reclusos, la cifra parece ínfima y difícilmente cumpla el declarado objetivo de desagotar las cárceles.

«En menos de un mes vamos a estar igual que ahora», vaticinó una fuente consultada.

De todos modos, para salir en libertad los detenidos necesitan un informe favorable del TSJ. Ayer, su titular Armando Vidal volvió a decir que en su opinión el decreto es inconstitucional aunque postergó una conclusión definitiva hasta que el cuerpo deba evaluarlo oficialmente.

Eso sucederá cuando un detenido se presente ante la justicia para pedir la rebaja que le corresponde, lo cual podría ocurrir el mismo 10 de diciembre.

En tanto, desde todos los sectores se cuestionó la rebaja generalizada de penas.

El presidente de Acipan, Carlos Gotlip, reiteró su postura en cuanto a que no es oportuno dictar una medida de esta naturaleza. «Se trata de despoblar las cárceles para poblar las calles de delincuentes» afirmó. Se manifestó partidario de considerar «las excepciones» pero no justificó un indulto general.

El presidente de la FEEN, Juan Carlos Helou, cifró su descuerdo con la «medida en que no se resuelvan las cuestiones de fondo» debido a que ya existen «problemas de seguridad y se van a incrementar».

A su criterio se debe «analizar caso por caso, ver el proceso del condenado y luego obrar en consecuencia».

El titular del Colegio de Abogados, Horacio Angiorama, también se pronunció en contra. «La gente, que reclama por la inseguridad, ahora está conmocionada. No desconocemos el problema de hacinamiento en las cárceles, pero no tiene que ser el parámetro para la conmutación de penas». Pidió también que el gobierno «cumpla con el mandato constitucional, no otorgue rebajas generalizadas y espere la opinión previa y favorable del TSJ».

Al rechazo al indulto generalizado se le sumó el futuro ministro de Gobierno Jorge Gorosito, quien recordó su opinión de la semana anterior en cuanto a no compartir «la forma» que se definió para tomar la medida.

«Creemos que, conociendo todas las opiniones adversas, haber insistido en promulgar este decreto, el único objetivo es generar malestar en las cárceles porque saben que no habrá posibilidades de que sea aprobado» por el TSJ. Consideró que el método a seguir tendría que haber sido el que marca la Constitución es decir, pedir los informes previos a la justicia.

En igual sentido se expresó el legislador Raúl Radonich, del Frepaso, para quien las posibilidades en materia de conmutación de penas que establece la Constitución «son muy claras y presuponen un análisis individual y el informe favorable y vinculante del TSJ».

Los argumentos que dio el gobierno para fundamentar el indulto, son para Radonich un reconocimiento de su falencia en materia penitenciaria. Aclaró al respecto que «la ausencia de políticas no se compensan con medidas como el indulto».

El diputado electo Ricardo Villar (UCR), dijo que los justificativos que dio el gobierno son «la aceptación del fracaso que tiene el Estado en el cumplimiento del mandato constitucional de resocializar» a los que delinquen. Agregó que «utilizar el argumento de la superpoblación, desde mi punto de vista, es abrir las puertas a nuevos conflictos».

El diputado electo Aldo Duzdevich dijo no estar de acuerdo «con los indultos indiscriminados» y compartió «la opinión del TSJ en cuanto a que deben analizarse caso por caso y que corresponde al mérito otorgarlo».