Sólo fueron cuatro los radicales que no votaron a favor

BUENOS AIRES.- El radicalismo acompañó ayer en general el proyecto oficialista de expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF con argumentos que apelaron a la “coherencia” histórica de la fuerza, y fuertes críticas al Gobierno por la falta de controles e inversiones en el área energética. Las disidencias al interior del bloque que se hicieron públicas en la última semana, finalmente no resultaron una amenaza para la unidad de la bancada porque sólo fueron cuatro los que no votaron a favor, cuando el cordobés Oscar Aguad anunciaba que serían cerca de una docena. Su comprovinciano Hipólito Faustinelli y el rionegrino Hugo Castañón (ver abajo) optaron por salir del recinto al momento de la votación, mientras que el correntino Lucio Aspiazu se inclinó por votar en contra. En tanto, se ausentó Pedro Molas (Catamarca) por cuestiones personales que, en el seno del bloque, atribuyen a una disidencia con la conducción que lo pondría más cerca de la posición de Aguad. “Somos un partido político nacional, orgulloso de su pasado y sus convicciones, siempre estamos pensando lo mejor para el país”, aseguró el jefe del bloque radical Gil Lavedra y remarcó en su exposición que como “un gobierno es una coyuntura para un país, vamos a votar por lo que es mejor para la Patria”. Para el jurista, la iniciativa oficialista “no es la solución, pero es parte” y es por eso que el radicalismo optó por “el punto que hace a la coincidencia”. “Las razones que nos llevaron (a votar a favor) reposan en dos circunstancias: nuestra propia concepción de la democracia y la necesidad de hacer lo mejor para el país en un tema que requiere políticas de largo alcance”, insistió Gil Lavedra, sobre la postura que tomó el bloque opositor más numeroso. La mayoría de las exposiciones de los radicales estuvieron centradas en la necesidad de justificar el voto a favor -aún cuando esto los dejó alineados con el Gobierno nacional-, y marcaron fuertes críticas al oficialismo por la falta de control sobre la compañía y por el protagonismo que tuvieron en la década del 90, cuando se concretó la privatización. Al justificar su rechazo al proyecto, Aguad advirtió que “no se rinde al chantaje emocional montado sobre una sigla emblemática”. “Creo en un Estado eficiente, que impulse un programa (para el sector de hidrocarburos) con prioridades. Creo necesario contar con una empresa testigo, que opere en el mercado”, aclaró el diputado, quien no dudó en referirse al “fracaso de la política oficial”.


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