Sólo pagó uno de cada cuatro deudores

En nueve años, algo más de 1.600 deudores abonaron sus compromisos con el ex BPRN. Quedan unas 4.200 carpetas con pasivos por cerca de 77 millones. Algo más de 2.300 pasivos correspondían al régimen general (préstamos personales, comerciales o tarjetas), sumando 39 millones. La administración correspondía a Río Negro Fiduciaria SA y, desde el 2001, existen cesiones de cobro en favor de los estudios jurídicos. El promedio ronda los 17.000 pesos por deudor. El sector productivo concentra más de 1.900 carpetas, con más de 37 millones y pasivo medio de 19.500 pesos. En cantidad de deudores, el 80 por ciento corresponde al sector frutícola y el resto se distribuye en horticultores, ganaderos, lupuleros, apicultores, como también, cooperativas y productores de la Línea Sur.

Un informe oficial del año pasado consignaba que se recuperaron unos 25,5 millones de pesos. El monto representaba el pago de unos 1.600 deudores. Una parte importante se licuaron con los pagos que el Estado abonó al Banco Río Negro SA por los créditos cedidos a la entidad privada con garantía provincial y que los deudores no abonaron. Por ese aval estatal, en julio de 2000 ya se habían ejecutado garantías por 20.572.000 pesos. Además, la mayoría de los deudores nunca no mostraron interesados en cumplir con esas obligaciones. Las administraciones provinciales ofrecieron innumerables opciones para cumplir con esos préstamos pendientes. Por estos días, está vigente un régimen que permite pagar hasta el 60 por ciento con las inversiones en la chacra (las futuras o las realizadas entre enero de 2002 hasta diciembre pasado) y el 40 por ciento restante a 10 años de plazo. Aún así, se presentaron una decena de productores deudores.

Las marchas y contramarchas gubernamentales tampoco favorecieron la gestión de cobro. Una veintena de normas se sucedieron para diseñar el recupero de la cartera deudora. La permanente flexibilidad determinó en 1998 que el Banco Río Negro SA (ahora Patagonia SA) renunciara a la cobranza de los préstamos que pertenecía al Estado provincial. El último gran fracaso lo constituyó el rechazo de las entidades productivas para cumplir con ese recupero. Desde junio de 2000, con la ley 3.380, la provincia podía transferir estos préstamos del ex BPRN por cobrar a «entidades que representen o agrupen a los sectores de la producción, industrias o cooperativas». No existió el mínimo interés de esas organizaciones sectoriales en cobrarle a sus pares. La Federación de Sociedades Rurales aceptó el desafío pero, a los pocos meses, renunció a la gestión de cobro. (AV)

Notas asociadas: El STJ debe decir si la provincia puede cobrar deudas con el ex BPRN  

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