¿Solución o un problema más a la crisis energética?

Por Luz Sapag (*)



En el marco de las distintas medidas dadas a conocer para paliar la grave crisis energética que vive el país, el gobierno nacional anunció la creación de una nueva empresa estatal denominada Enarsa.

Según funcionarios del actual gobierno, Enarsa actuaría como una empresa testigo en el mercado nacional de exploración, producción y comercialización de gas y petróleo, y, asimismo, en el mercado de generación de energía eléctrica.

Enarsa se constituiría como una sociedad anónima con capital estatal mayoritario, en donde el 53% del capital accionario quedaría en manos del Estado nacional, el 12 % en poder de las provincias y el 35% restante sería vendido en la Bolsa al sector privado.

Diversas han sido las razones para justificar la constitución de Enarsa. Así, por ejemplo, se dijo que desde 1998 a la fecha las empresas del sector no han efectuado inversiones significativas en los segmentos de explora- ción y explotación de combustibles líquidos y gaseosos y en la generación de energía eléctrica, circunstancia ésta que, a criterio del gobierno, constituye la causa principal de la actual situación de crisis energética del país. Paralelamente, también se ha hecho especial alusión a la imperiosa necesidad del gobierno nacional de tener una mayor injerencia en la actuación del mercado energético local a partir de la elaboración de un nuevo plan energético nacional que, por sobre todas las cosas, tienda, por un lado, a incentivar el arribo de un flujo constante de inversiones del sector privado y que, por el otro, permita el ejercicio de un control más eficaz y eficiente por parte del Estado nacional sobre el cumplimiento de las obligaciones de distinta índole (calidad, técnicas, ambientales) que les han sido impuestas a las empresas privadas en la gestión de estas actividades de interés público.

Ahora bien, a partir de lo expuesto, la primera pregunta que uno se hace es: ¿verdaderamente la creación de una empresa estatal en el área energética es una solución efectiva que ayude a paliar la actual crisis energética que vive el país o si, por el contrario, es únicamente un capricho del gobierno de turno que no se vincula directamente con la preocupante situación en la que nos encontramos?

Pero los interrogantes no terminan ahí. Me pregunto entonces si hace falta, teniendo en miras la referida crisis, crear una empresa pública que le va a costar al pueblo argentino en un principio entre 100 y 200 millones de pesos (capital inicial aportado por el Estado, según información del gobierno) para que dicha empresa tenga, por ejemplo, a su cargo la facultad de concesionar la explotación off shore de las cuencas gasíferas en el Mar Argentino -aprox. 12 millas- a empresas privadas. ¿No puede el Estado nacional en forma directa, a través de la Secretaría de Energía, realizar esas concesiones? ¿Necesita el Estado nacional crear una empresa pública para conocer y controlar sus reservas hidrocarburíferas o para mejorar la infraestructura de transporte del sector energético? ¿Es indispensable crear Enarsa para lograr una asociación estratégica con otras empresas petroleras, como la venezolana PDVSA y la brasileña Petrobras?

La respuesta a todos estos cuestionamientos debe ser a mi criterio negativa.

La solución para la presente crisis energética no pasa por aumentar el caudal de empresas públicas, ni tampoco por incorporar un nuevo agente (público) en el mercado energético, que se encuentra desregulado desde la década del '90, más allá que desde fuentes gubernamentales se afirm que la intención de crear Enarsa no es la de competir con el sector privado; toda vez que lo único que se logra con la implementación de esta medida es justamente desalentar, lisa y llanamente, la solución más adecuada que se vislumbra como posible para salir de la crisis en el corto y mediano plazo, como es la llegada de inversiones privadas para revertir la actual escasez de los recursos energéticos y la progresiva merma en la capacidad de transporte de los mismos.

Al mismo tiempo, otra cuestión contraria a la creación de Enarsa es el hecho de que a partir de la reforma de la Constitución nacional de 1994 se ha reconocido expresamente a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, y si a esto se le suma que la explotación de los yacimientos hidrocarburíferos se encuentra actualmente concesionados a favor de empresas privadas por plazos que abarcan entre 25 y 30 años, se plantea como bastante limitadas las posibilidades del Estado nacional, o de Enarsa específicamente, de explotar y producir recursos energéticos en el territorio argentino, que en este marco se reducirían en principio a las cuencas gasíferas off-shore.

Ante la crisis en la que estamos, hace falta fundamentalmente que el gobierno nacional adopte y ejecute una profunda política regulatoria que pretenda restablecer, en breve, un mayor ámbito de seguridad jurídica en el sector y que permita recrear paulatinamente las condiciones de efectiva competencia dentro del mercado energético, a fin de hacerlo más atractivo y rentable para el capital privado. El hecho de que, a partir del nuevo rol subsidiario del Estado en la economía, se haya seguido una política de desregulación en los segmentos de producción, generación y explotación energética (gas, electricidad, petróleo), amerita que el propio Estado haga valer sus funciones y competencias constitucionales, y en consecuencia implemente una política nacional energética en materia de los recursos energéticos, ya que de ninguna manera se puede desligar de su obligación de establecer y regular las condiciones básicas para poder actuar en el mercado energético y de ejercer una actividad de control basada en el poder de policía del Estado.

Las experiencias vividas en el país en un pasado no muy lejano nos deben servir para comprender hoy en día que la crisis energética no se supera volviendo al anterior modelo intervencionista, es decir, transformando nuevamente al Estado en un gestor económico o productor de bienes y servicios. Las inversiones necesarias para reencauzar el sector energético deben provenir imprescindiblemente del sector privado, el gobierno debe recrear las condiciones de mercado a fin de hacerlo atractivo y rentable para el capital privado. Las funciones de Enarsa pueden y deben ser llevadas a cabo por el gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía, que cuenta con los profesionales idóneos para rediseñar eficientemente la política regulatoria y de control de este sector desregulado, pero con un fuerte componente de interés público en razón del alto valor estratégico de los recursos implicados.

La acuciante situación socioeconómica por la que atraviesa la República Argentina desde hace unos años necesita una concienzuda y racional distribución de los fondos públicos existentes en aras de privilegiar aquellas necesidades más apremiantes de la población, entre las cuales creo que no se encuentra la de financiar la creación de una empresa pública.

 

 

(*) Senadora nacional por Neuquén


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