Soria presentó la denuncia penal contra Larreguy

Ayer al mediodía el legislador Martín Soria se presentó en la Fiscalía para concretar la denuncia.

VIEDMA (AV)- El trámite administrativo por el cual el legislador Martín Soria solicitó al Ministerio de Hacienda que no abone el contrato suscripto entre el Ministerio de Gobierno y una empresa privada, en concepto de servicios externos de asesoramiento y consultoría de comunicación y publicidad, derivó en una denuncia penal contra el ministro Diego Larreguy, que el propio funcionario del bloque justicialista radicó ayer en la Fiscalía de turno.

Soria requirió la investigación por los supuestos “delitos de asociación ilícita, administración infiel, fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tipificados en los artículos 210, 173 inc. 7°, 174 inc. 5º, 248, 249, 260 y 265 del Código Penal”.

El legislador insistió ante la Justicia, tal como lo hizo ante el ministro de Hacienda, Pablo Verani, que la contratación en 420 mil pesos anuales en favor de la agencia Versión Sur no cuenta con autorización legal ya que excede el monto que la ley permite. Reitera que no existe justificación y que el gasto es irrazonable.

El diputado recibió esta semana la respuesta de Verani, en la que el titular de Hacienda consigna que el expediente en cuestión no pasó aún por sus manos.

Ayer, al mediodía, Soria se presentó en la Fiscalía y radicó la denuncia en la que agrega, como datos para que analice la Justicia, que “el actual ministro de Gobierno, Diego Larreguy, antes de acceder a tan relevante cargo ha ejercido profesionalmente la labor de Escribano Público en Roca”. Y agregó que los dueños de Versión Sur fueron “clientes del Registro Notarial a cargo de Larreguy. Depárese, no sólo eran clientes en tanto personas físicas, sino también en su carácter de socios gerentes de la firma Versión Sur SRL”, sostiene Soria.

Finalmente, destaca que “el contrato en cuestión excede desvergonzadamente los límites legales impuestos”.

El largo escrito de unas 27 páginas repudia también el mecanismo de contratación directa y la pretensión reciente del ministro de asegurar que en realidad se trató de un concurso de precios, cuando la propia resolución que él firmó lo contradice.

Además, Soria imputa que ese monto establecido supera lo justificable para una contratación directa.

También reclama que los avisos contratados, por 420 mil pesos anuales, ya estén emitiéndose, cuando aún el trámite administrativo no está finalizado.