Sorpresa en la Justicia por una admisión de Pereyra

El dirigente petrolero y sus hombres más cercanos reconocieron ante la Afip como sueldos los fondos obtenidos vía una triangulación que investigó “Río Negro”.



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La decisión de la cúpula gremial petrolera dirigida por Guillermo Pereyra de admitir como sueldos los dineros millonarios que obtuvo vía una triangulación con una empresa porteña, sorprendió a la Justicia que investiga la maniobra.

El fiscal Pablo Vignaroli pretendía dar un paso más en el caso, pero la novedad lo sorprendió cuando leyó el diario esta mañana y ahora teme que los tiempos de pesquisa puedan prolongarse. Sin embargo, el Ministerio Público tiene plazo hasta agosto de 2019 para resolver lo que quedó encuadrado como “caso complejo”.

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Como informó este diario hoy, Pereyra y sus hombres más cercanos optaron finalmente por cumplir con el pago de más de 5 millones de pesos en concepto de deudas de aportes y contribuciones (incluidos intereses y multas), ante la evidencia de facturaciones mensuales en 2016 y 2017 entre la firma IC&T y los sindicalistas. Esta vocación de saldar compromisos tributarios implica de hecho reconocer que se estaban cobrando componentes salariales.

“Río Negro” reveló en diciembre del año pasado -y demostró con documentación- que la ignota firma de Buenos Aires IC&T le facturó al gremio mensualmente en concepto de “gestión” y “lobby institucional”. A la vez, los gremialistas le facturaban a la firma por “honorarios”, dinero que pasaba a engrosar sus bolsillos. Se calcula un perjuicio de casi $20 millones, que fueron pagados en definitiva por todos los afiliados del gremio, con lo cual se presume un desvío de fondos sindicales.

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Pereyra, los dirigentes y asesores Antonio Astrada, Carlos Lorenzo, Osvaldo Marín, Jorge Allende y Víctor Pelletieri fueron imputados a principios de agosto por los fiscales Vignaroli y Marcelo Silva por el presunto delito de administración fraudulenta.

Se demostró que las facturas -tanto de la consultora como de los dirigentes gremiales- eran emitidas desde una misma IP de computadora. También se constató el incremento del 50% de la facturación en los meses de julio y diciembre, lo cual reflejaba el pago de un aguinaldo encubierto.

“No sabíamos”

“Lo leí a la mañana. No estaba enterado de que lo hubieran presentado”, dijo Vignaroli en referencia a los recientes pagos ante la Afip que -en la práctica- significan un reconocimiento de aportes adeudados por salarios.

Explicó el fiscal que “vamos a buscar esa información, sin perjuicio de lo cual tendríamos que analizarla. Estamos encaminados a hacer una pericial contable y ahora quizá debamos agregar estos elementos”, dijo. Se excusó de evaluar qué influencia puede llegar a tener esto en la investigación. “Necesitamos conocer de qué se trata”.

Hizo notar, sin embargo, que el Ministerio Público dispone de un plazo de un año, pues el fallecido juez de Garantías Martín Marcovesky declaró el “caso complejo”. Recordó Vignaroli que el pedido de mayor plazo al magistrado se basó en “la cantidad de hechos, de imputados, de documentación que se está procesando, del estado de la pericial informática y de la pericial contable”. La impugnación de la defensa ante esta decisión de prorrogar la pesquisa fue declarada inadmisible. De modo que el plazo para investigar caducará a inicios de agosto de 2019, a un año exacto de las imputaciones.

Al preguntársele qué pasos clave restan, insistió Vignaroli: la pericial contable. “Con la perito de Fiscalía vamos a evaluar la documentación y ver si agregamos esta admisión reciente del gremio, elaboraremos los puntos de pericia, se los notificaremos a la defensa por si quieren proponer un perito de parte y, una vez fijados los puntos, llevaremos adelante la pericial con la participación del gabinete técnico contable para que haya un órgano imparcial. Estamos en esta tarea”.


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