Sospechas de sobornos por dragado

MONTEVIDEO (AFP/DPA).- El Tribunal de Cuentas (TC) de Uruguay sospecha que pudo existir intento de soborno de la parte argentina hacia la parte uruguaya en el proceso para dragar el canal Martín García del río Uruguay. El órgano fiscalizador del país vecino indicó además que Uruguay debe evaluar la posibilidad de denunciar el caso en la Justicia. El tribunal había sido convocado en mayo por la cancillería uruguaya, tras versiones del diario “El Observador” sobre supuestos hechos de corrupción en la extensión del contrato con la empresa Riovia, subsidiaria de la holandesa Boskalis International y que se ocupa del dragado desde 1996. El informe del tribunal sostiene que “existió un enlentecimiento en el tratamiento de temas importantes y trascendentes dentro de la CARP (Comisión administradora del Río de la Plata), actitud que tuvo incidencia directa en la forma en que se llegó al final del plazo contractual con Riovia”. Mientras se postergaban las negociaciones sobre el llamado a una licitación internacional para una nueva concesión para la profundización del dragado –que Uruguay y Argentina negocian desde hace meses– “se dejaron de adoptar las medidas necesarias para mejor negociar con Riovia SA la inminente prórroga del contrato”, lo que llevó a que no se hiciera un concurso de precios y generó condiciones más beneficiosas a Riovia, indicó. El informe atribuye la responsabilidad por esa situación a la delegación argentina al tiempo que afirma que los delegados uruguayos ante la CARP –creada en 1973– actuaron “tratando de preservar los intereses del país”. Según el documento, el presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, informó a la cancillería sobre al menos dos situaciones que “permiten irradiar dudas sobre la regularidad de los procedimientos tendientes a extender el vínculo con Riovia SA a partir del mes de febrero pasado”. El tenor de estas situaciones “amerita que la cancillería evalúe la adopción de medidas que correspondan a derecho”, para lo cual “deberá tener en cuenta el principio de territorialidad del derecho penal”.