Suárez Mason fue a declarar y terminó preso en Campo de Mayo

BUENOS AIRES.- El ex comandante del Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason atribuyó ayer a los mandos inferiores la «responsabilidad primaria» de los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención de la última dictadura y, tras prestar declaración ante la justicia, quedó preso en Campo de Mayo por su presunta participación en el secuestro de doce menores.

El ex represor, que en virtud de sus 74 años de edad obtendría un régimen de prisión domiciliaria, contó que la «lucha antisubversiva» se organizó territorialmente a través de zonas, subzonas y áreas, y aseguró que a los comandantes de zona «se les otorgó responsabilidad primaria, directa e indelegable de la totalidad de las operaciones militares».

Frente al juez federal Adolfo Bagnasco, que investiga el secuestro sistemático de los chicos nacidos en cautiverio durante la dictadura, Suárez Mason negó todo conocimiento sobre los partos clandestinos y la detención de mujeres embarazadas. Y aseveró que había órdenes del ex dictador Jorge Videla para entregar a sus familias de origen a los menores que pudieran «quedar desamparados» por la detención de sus padres.

«Para que nazca un chico se debe contar con la instalación adecuada», explicó Suárez Mason tras afirmar que no supo de maternidades clandestinas en los centros de detención que se encontraban en jurisdicción de la zona I, de la cual fue comandante entre enero de 1976 y diciembre del 79.

El ex comandante admitió ante Bagnasco que la destrucción de documentos militares «no era un procedimiento habitual, salvo en casos de documentos muy antiguos».

Valiosos documentos de la dictadura fueron incinerados durante la gestión del último presidente de facto, Reynaldo Bignone, quien desde hace un año cumple arresto domiciliario por orden de Bagnasco, que le atribuyó responsabilidad penal en los delitos contra los hijos de desaparecidos.

Ayer Suárez Mason, que fue beneficiado con el indulto que el presidente Menem dictó en 1990 en favor de los represores y de algunos jefes montoneros, precisó que la lucha antisubversiva empezó en octubre de 1975 y manifestó que a partir del golpe del 24 de marzo del 76 «se profundizó, primero en Tucumán y luego en todo el país».

En la audiencia, describió a los centros clandestinos como «lugares de interrogatorio» en los que los prisioneros eran alojados «por dos o tres días», para «no recargar la comisarías».

La Cámara Federal porteña probó en 1985 que los centros, en realidad, eran campos de concentración donde miles de víctimas fueron sometidas a tormentos y eliminadas sin que sus familias supieran de su destino final.

Y el juez Bagnasco acreditó que en varios de los campos funcionaron maternidades clandestinas donde habrían nacido más de 200 niños. (DyN)